Luego de la audiencia incidental que se celebró el lunes 17 de enero, el Poder Judicial Federal concedió ayer la suspensión definitiva de amparo a la magistrada Sonia Luz Ireta Jiménez, en contra de la convocatoria a nuevas magistradas, emitida por el Congreso del Estado.
Apenas el 11 de enero el juez Quinto de Distrito, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, ofreció la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto 42/2023.
El 6 de enero el ejecutivo estatal fue informado por parte del Congreso del Estado que no existió solicitud para ser reelectos o ratificados por parte de los magistrados, Manuel de Jesús López López y Sonia Luz Irieta (sic) Jiménez, que asumieron el cargo durante el gobierno de Gabinio Cué, en 2015 y culminaron su encargo después de ocho años.
Por ello, el Poder Ejecutivo estatal emitió la convocatoria para cumplir el mandato constitucional establecido desde 2019 para hacer efectiva la paridad de género en el Tribunal “para garantizar en el ejercicio del poder público, la participación de las mujeres y hombres en condición de igualdad
El juez concedió la razón a la magistrada que interpuso un recurso de amparo dado que se terminó el periodo y no se emitió dictamen de evaluación por el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación o negarla, por lo deduce la ratificación tácita en el cargo por el periodo de ocho años más.
Con la suspensión definitiva, la Federación otorga la medida cautelar para que Sonia Luz Ireta Jiménez continúe sus funciones. La comisión legislativa que preside Liz Arroyo, no sólo escribió mal el nombre de la magistrada por el de “SONIA LUZ IRIETA JIMPENEZ” y según especialistas, desconoce términos legales para retirar a la magistrada y realizar la convocatoria exclusiva de mujeres, sin tomar en cuenta el derecho constitucional que le asistía a la magistrada para ser reelecta.
El 10 de enero de 2023 el juez Quinto de Distrito, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, requirió una respuesta a esta demanda en el plazo de 48 horas, y fijó la audiencia incidental para el lunes de enero, plazo que se cumplió.
La magistrada, quien asumió sus funciones el 6 de enero de 2015 por un periodo de ocho años, argumentó que a la fecha del término del periodo no se emitió dictamen de evaluación por el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación, que concluya en la negativa de la ratificación.
Afirma que ante dicha omisión, se actualiza en su favor la ratificación tácita en el cargo, por el periodo de ocho años más.
En sus alegatos, la magistrada demandante señala que la convocatoria para ocupar la plaza que actualmente ostenta fue hecha cuando se trataba de revocar su mandato de manera anticipada a su culminación.
La quejosa solicitó a la Federación la medida cautelar para continuar sus funciones y así será hasta que el juez dicte sentencia en el juicio de amparo.
La solicitante del amparo observa que la convocatoria pública exclusiva para mujeres para acceder al cargo de magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado se publicó el siete de enero en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, emitida por el gobernador del estado, cuando ya se había vencido su plazo y se da por obvia su reelección.
Con el amparo definitivo se echa por tierra el supuesto del Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrego de que no se detiene ni limita el proceso de la convocatoria.
