El Poder Judicial de la Federación (c) dio un nuevo revés a las ambiciones de las y los diputados de la 64 Legislatura, que pretendieron modificar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) para crear a su conveniencia el Consejo de Participación Ciudadana.
El juicio de amparo que promovió el ciudadano José Juan Flores Guzmán, fue concedido por el titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en el estado de Oaxaca, por lo cual se comprobó que hubo una falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática, que dio lugar a las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reclamadas, tendiente a desaparecer al Comité de Participación Ciudadana.
De acuerdo al documento analizado por el Juez, los actos reclamados fueron en la totalidad del procedimiento legislativo que concluyó con la reforma a los artículos 59, fracción LXIX, 120, fracciones I, II, III, inciso e), el penúltimo y el antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los cinco transitorios.
Además de la fracción LXIX del artículo 59, norma que cambia la denominación de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción vigente, por “Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; El artículo 120, fracción III, inciso e), de la Constitución, que se torna inconstitucional porque crea un conflicto competencial entre las instancias que conforman el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Así como los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del artículo 120 de la Constitución de Oaxaca. – El artículo Transitorio Tercero, fracción II, de la Reforma Constitucional. La Reforma Constitucional se pretenda desaparecer al Comité de Participación Ciudadana y la creación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Por ello, al considerar que también se violentó el derecho humano del quejoso a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad y dentro de los términos fijados en las leyes, la autoridad judicial dejó sin efectos una reforma a la Constitución de Oaxaca que establecía separarlo de su cargo al crear un “Consejo” de Participación Ciudadana.
Carlos Morales Sánchez, abogado y presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., comentó que la concesión del amparo constituye un freno al autoritarismo de los Congresos contra los órganos constitucionales autónomos.
Es necesario que las personas designadas para ocupar un cargo en las fiscalías, organismos ciudadanos y entes constitucionales autónomos, duren el tiempo para el que fueron designados, en ocasiones precedentes se ha logrado que los jueces de Distrito quienes son guardianes de la constitucionalidad echen para atrás disposiciones normativas del congreso de Oaxaca y del Congreso Federal”, afirmó.
