Sin entrega-recepción, 36 municipios; indaga Fiscalía
En la mira: Tonameca,, Nochixtlán,, Santa Lucía del Camino, Miahuatlán, Zaachila, San Jacinto Amilpas, y Santa Cruz Amilpas, esta última tiene dos denuncias, entre otros
La falta del proceso de entrega-recepción es un delito que se castiga con una penalidad que va de los 2 a los 8 años de prisión.
Ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca se investigan 36 carpetas relacionadas al cambio de autoridades del 1 de enero y donde están involucradas quienes tuvieron cargos en el trienio 2019-2021.
El 99 por ciento de estas carpetas, tienen que ver con el ejercicio ilícito del servicio público, particularmente la falta de entrega o recepción, en torno a todo lo relacionado con el patrimonio municipal, explicó el fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
En ella se refiere a bienes muebles o bienes inmuebles, así como cuentas y en esa lista, 1 caso corresponde al abuso de autoridad y posible desvío de recursos públicos.
Los municipios que enfrentan las denuncias son entre otras: Tonameca, Ojitlán, Nochixtlán, Silacayoapam, Santa Lucía del Camino, Miahuatlán, Zaachila, San Jacinto Amilpas, y Santa Cruz Amilpas que esta última tiene dos denuncias.
A la lista se suma Santa María Mixtequilla, San Felipe Usila, San Pedro Jicayán y San Andrés Dinicuiti.
En el caso de la ciudad de Oaxaca no se ha presentado ninguna denuncia ya que es usual que se dé el proceso entrega-recepción, sin embargo, en lo entregado puede resultar alguna observación o posible ilícito.
En este delito, las figuras principales podrían ser las y los ex presidentes municipales y responsables de las sindicatura, así como caer en la responsabilidad de las regidurías.
Para el fiscal Anticorrupción del Estado de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez tanto comete delito el que no entrega como el que entrando no quiere recibir y este delito tiene una pena de 2 a 8 años como se establece en el Artículo 207 Bis, Fracción 1 y 3 de este artículo.
No obstante, derivado de esta investigación pueden resultar otros ilícitos como la falta de soporte en una obra o proveeduría y entonces, se suma un posible delito de peculado.
Mientras tanto, la investigación hará necesaria la acreditación de la documentación por la autoridad saliente, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), entre otros, con un tiempo de 5 años para la investigación antes de que prescriba.
Aunque fue en el 2017 cuando Oaxaca, aprobó la falta del proceso de entrega -recepción como un delito, hasta el momento no existe ningún caso judicializado.
“El tema municipal es uno de los grandes retos que dentro del sistema anticorrupción tenemos, no solo del nivel estatal, sino a nivel nacional. Sin embargo, en Oaxaca se agravan porque el 25 por ciento de los municipios del país se encuentran en este estado”, señaló.
Actualmente esta fiscalía tiene en trámite 4 mil investigaciones que vienen desde el 2017 y en donde la mitad está relacionada con autoridades municipales, con denuncias por abusos policiales o en la vulneración al derecho al tránsito y a la propiedad.
No obstante, el mayor número de casos, tiene que ver con el mal manejo del recurso público, y particularmente, en el ejercicio ilícito que es la falta de entrega-recepción, cuyos casos incrementan en cada año.
Esta dependencia recibe entre 700 u 800 casos anuales y en la particularidad cuentan con carpetas con hasta 7 mil fojas que se estudian por el Ministerio Público.
