Con la 4T, 21 activistas asesinados en Oaxaca

Con los asesinatos de Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz y Raymundo Robles Riaño, el 2021 se convirtió en el más sangriento para personas defensoras en Oaxaca y con impunidad.

De acuerdo con la organización no gubernamental  Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), esta entidad se encuentra en el primer lugar con 21 casos, el 22 por ciento de un total de 95 hechos ocurridos en lo que va del gobierno de la 4T. 

“Las cifras son demoledoras, durante estos tres años del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó Angélica Castro Rodríguez, coordinadora del Área de Incidencia Pública y Participación Ciudadana de EDUCA. 

“Es este estado con el mayor número de asesinatos y después sigue Guerrero y Michoacán, poniendo en vulnerabilidad a las personas y creando formas comunitarias de organización”, añadió en este recuento. 

Esta organización concentró el homicidio contra Fidel Heras Cruz registrado el 23 de enero, el de Gerardo Mendoza Reyes, Raymundo Robles Riaño y Noé Robles Cruz, ocurridos el 15 de marzo de 2021 

Además del crimen contra Jaime Jiménez Ruiz, registrado el 28 de marzo del año pasado y que se trata de personas que estaban en defensa del río Verde. 

Señaló que observan gran concentración de hechos en la franja del sur del país y de donde este territorio destaca. 

“La mayoría están concentrados en el Sur y creemos que es porque esta región tiene mayor bienes naturales comunes que están viendo las empresas trasnacionales para la explotación y por eso, hay más resistencia contra esas intenciones”, expresó. 

Para Castro Rodríguez, este 2021 ha sido el más cruel y peligroso para las personas defensoras por los crímenes ocurridos. 

“En la región de la Costa, en menos de 3 meses fueron asesinados compañeros que estaban defendiendo el río Verde. Considero que ha sido el año más crudo de esta 4T, el más representativo por estos crímenes, pero también por las agresiones que se dan”, indicó. 

En la Costa existe rechazo por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna, así como otros planes de empresas particulares con el aval del gobierno federal. 

También la impunidad prevalece en estos casos, porque no hay ninguna persona detenida como responsable. 

Ante eso, consideró que seguirá la resistencia de comunidades que ven en riesgo su territorio, recursos naturales y riqueza, situación que los lleva a pedir seguridad al Estado Mexicano para las personas activistas.