Ante DDHPO, 9 expedientes por intolerancia religiosa
Esta situación constituye una problemática y una violación al derecho a la libertad de creencia religiosa
En la última década, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuenta con un registro de nueve expedientes relacionados con desplazamientos por intolerancia religiosa.
Al considerar que esta situación constituye una problemática y una violación al derecho a la libertad de creencia religiosa y culto público, el organismo estatal lanzó un llamado a las autoridades municipales, asambleas y sociedad en general, a establecer mecanismos que no excluyan a un sector de la población por tener una creencia distinta al de la mayoría.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por el origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
La Defensoría reconoció que en la mayoría de los casos, los propios acuerdos comunitarios e intercomunitarios que los pueblos originarios plantean y realizan de manera colectiva para resolver sus diferencias, permiten la solución pacífica de sus conflictos, dentro de los cuales, están los relacionados con las creencias religiosas distintas a las de una mayoría.
De manera reciente, un grupo de personas originarias de San Pedro Chimaltepec, San Juan Mazatlán Mixe, fue retenido por negarse a prestar un servicio comunitario de índole religioso, pero fue liberado por la intervención de las autoridades estatales.
El organismo autónomo reconoció que las comunidades indígenas son titulares de derechos que protegen su religión y, en especial, la preservación de ésta, porque uno de los elementos que permiten la identidad de sus miembros se relaciona directamente con las creencias y la religión que comparten.
Sin embargo, hizo un llamado a buscar formas creativas que permitan la armonización de la norma tradicional de cumplir cargos en las comunidades, con el derecho a la libertad religiosa de las personas en lo individual.
