Solicitudes de información aumentaron un 300% en 2020 | El Imparcial de Oaxaca
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Solicitudes de información aumentaron un 300% en 2020

Las solicitudes de información pasaron de 585 en el 2019 a más de 13 mil en el 2020.


Solicitudes de información aumentaron un 300% en 2020 | El Imparcial de Oaxaca

Para hacer valer sus derechos de estar informados, las solicitudes de información pública que demandan las y los oaxaqueños a los sujetos obligados a través del órgano garante, han aumentado hasta en un 300 % en un año. 

María Antonieta Velásquez Chagoya, presidenta comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), destacó que las solicitudes de información pasaron de 585 en el 2019 a más de 13 mil en el 2020.

Al participar en el Seminario “Temas Selectos de Combate a la Corrupción” en el que dictó la conferencia magistral “Acceso a la Información para el Combate a la Corrupción”, Velásquez Chagoya, expuso que con el aumento de solicitudes, los recursos de revisión que interponen los ciudadanos que no se ven favorecidos con alguna información, también crecieron en 200 %.

“Para quienes incumplen con la ley de transparencia existen medidas de apremio que va desde una amonestación pública al sujeto obligado, después vienen multas de 20 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que serían de 3 mil a 30 mil pesos, esta multa se tiene que pagar con el recurso del funcionario público que incumple y no de la institución que representa, en el caso de los municipios de Oaxaca la ley prevé una suspensión de mandato a quienes no cumplan con sus obligaciones de transparencia”.

A pesar de que las y los oaxaqueños ya exigen su derecho a la información, la comisionada presidenta, señaló que el órgano garante enfrenta una serie de obstáculos como la falta de recursos, ya que desde el 2015 solamente se les destina anualmente alrededor de 28 millones de pesos.

Aunado a ello, dijo que el congreso local aprobó recientemente modificaciones a la norma estatal para modificar la nomenclatura del Instituto para convertirlo en Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, dejando así a su suerte a las y los trabajadores.

Por su parte, integrantes de Comités de Participación Ciudadana de otras entidades federativas, cuestionaron la labor que desempeñan las y los diputados de las entidades federativas, quienes únicamente aprueban y modifican leyes y dejan en la indefensión a los órganos garantes.