Pandemia extiende juicio entre Quiatoni y mineras
El proceso se detuvo por siete meses y las empresas interpusieron seis quejas
Representantes legales del municipio de San Pedro Quiatoni y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), informaron que la suspensión de actividades derivado de la emergencia sanitaria, alargó el juicio entre la comunidad y las mineras que explotan sus tierras.
El proceso por el que se reclama inició el 12 de febrero del 2020 cuando las autoridades de Bienes Comunales de Quiatoni presentaron un juicio de amparo 178/2020 en el Juzgado Primero de Distrito contra la explotación minera que pretenden realizar las empresas Don David Gold México, S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp (GRC), en la comunidad bajo las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía federal.
El 13 de febrero, el Juzgado concedió la suspensión provisional de los trabajos mineros de los proyectos denominados El Águila I, por lo cual prohibió a las empresas realizar labores como excavación, apertura de túneles, explorar y aprovechar recursos minerales en territorio de San Pedro Quiatoni.
Sin embargo, derivado de esta resolución las empresas y la dependencia federal, presentaron varios recursos de quejas ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde permanece estancado el juicio.
De acuerdo con los documentos emitidos por el PJF, derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país, a partir del 18 de marzo del 2020, inició la suspensión de labores para evitar posibles contagios en la sede de los Juzgados Federales en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
Simitrio Martínez, abogado de Quiatoni, señaló que desde el mes de marzo a la fecha, ésta ha sido la principal excusa de las autoridades judiciales para emitir una resolución definitiva al juicio que emitió la comunidad que exige la cancelación de los proyectos mineros.
“Por el tema de la pandemia el proceso se detuvo por siete meses, pero cuando se reanudaron las labores, las empresas mineras y la Secretaría de Economía interpusieron seis quejas que se deben de resolver, en este punto es donde estamos estancados y esperamos que los jueces escuchen a la comunidad y que privilegien la libre determinación del pueblo de no permitir más la explotación de sus recursos naturales”, apuntó.
