Acusan que candidatos a la DDHPO persiguen intereses económicos

Integrantes de la sociedad civil y diputados que integran la 64 Legislatura se pronunciaron en contra de la lucha de intereses personales, económicos y políticos en que se han convertido a la elección del nuevo ombudsperson oaxaqueño.

Al concluir la etapa de comparecencias de los aspirantes a la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ante la comisión de Derechos Humanos del Congreso local, los participantes denunciaron “dados cargados” hacia algunos candidatos que militan en asociaciones civiles afines a dirigentes de Morena.

Uno de los señalados fue César David Mateos Benítez, ex dirigente de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien junto con Flor Estela Morales Hernández pertenece a la organización Comuna-Oaxaca, liderada por el exdiputado Flavio Sosa.

La misma diputada Magaly López Domínguez, presidenta de la comisión permanente de Derechos Humanos del Congreso, fue denunciada por obedecer intereses personales -como ocurrió con la designación de su esposo Gilberto López Jiménez, director de Asuntos Jurídicos del Congreso-, y también militantes de Comuna.

Ayer, la diputada Magaly López prefirió guardar silencio ante las acusaciones en su contra, ya que se buscó una versión al respecto, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta satisfactoria.

Otra de las candidatas señaladas fue Yésica Sánchez Maya, quien sería impulsada por la diputada Eliza Zepeda Lagunas, ya que durante el proceso de violencia política que enfrentó la hoy legisladora Sánchez Maya fungió como su abogada.

Sánchez es familiar de Miguel Ángel Martínez Maya, jefe de la Unidad Técnica de la comisión del Órgano Superior de Fiscalización y también cuñado del diputado local por Morena Horacio Sosa.

De igual forma, el actual secretario técnico de la comisión de Derechos Humanos, Razhy González Rodríguez, ha sido vinculado con Sánchez Maya, lo que sería un factor adicional de conflicto de intereses.

Piden independencia
Diputados locales acusan que el proceso se vio viciado desde las comparecencias de los aspirantes, ya que esta actividad se llevó a cabo ante la Comisión de Derechos Humanos y no ante todo el pleno.

“Desde el primer momento exigimos que las comparecencias fueran públicas y ante el pleno, ha habido errores que no se pueden obviar y esos errores le han costado mucho a Oaxaca, mucha gente que esperaba que esos derechos humanos pudieran ser resguardados no se cumplieron por complicidades institucionales que no se pueden volver a permitir en pleno siglo 21”, señaló el diputado Pavel Meléndez.

Detalló que en el proceso de elección del próximo defensor de derechos humanos, “no podemos ver a la Defensoría como un botín político, como una prebenda o un lugar donde podemos saquear el presupuesto de este organismo”.

“Pugnamos para que no sea más un espacio donde se pueda disponer de los recursos materiales, financieros y humanos para fines políticos, para una secta u organización social”.

En ese mismo sentido se pronunció la diputada María de Jesús Mendoza, al afirmar que más allá de amiguismo, compadrazgo o que pertenezcan a una misma organización “se quiera beneficiar a alguien, los que integran la comisión tienen que buscar que quienes queden en primer lugar en la terna sean los idóneos”.

“Después de las entrevistas ya se deben tener los datos de quienes tienen mayor capacidad para asumir el cargo, por eso confío en que las compañeras y compañeros que integran la comisión de Derechos Humanos elijan una terna que realmente cumplan con la función que se requiere para que podamos elegir al mejor perfil”.

Hizo un llamado a sus compañeros que integran la Comisión para asumir su responsabilidad y no caer en vicios del pasado. “Por eso es bueno que la sociedad dé a conocer cuestionamientos y el porqué no les gustaría que lleguen estas personas”.

Conflicto de intereses
La Ley Orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 31, fracción VI, que es una obligación de los diputados: informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales, y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos.

De acuerdo a la ley, tanto la diputada Zepeda Lagunas como Magaly López Domínguez tendrían que excusarse de participar en este proceso pues tienen un claro interés en impulsar a la titularidad de la Defensoría a personas con las cuales las unen intereses personales o de grupo, lo que afecta la objetividad en la conducción del proceso.

En tanto Razhy González Rodríguez, estaría incurriendo en actuación bajo conflicto de intereses de acuerdo al artículo 58 de Ley General de Responsabilidades Administrativas que claramente establece: “Incurre en actuación bajo conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de Interés o impedimento legal”.
Con información de Carina García