CIUDAD DE MÉXICO .- A pesar de que decenas de activistas han sido asesinados y al menos 36 periodistas fueron ejecutados en lo que va del actual sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha “debilitado” al órgano del Estado mexicano creado para brindar seguridad a ese sector de la población, además de que ha limitado la intervención de la sociedad civil, impulsora de la creación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, denuncian integrantes del Consejo Consultivo del organismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
La determinación de acotar la participación de la sociedad civil ocurre a pesar de que, desde 2017, fueron asesinados 10 periodistas que contaban con medidas de protección, ocho de ellos durante el gobierno de López Obrador, señalan datos de Reporteros Sin Fronteras.
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, y Lucía Lagunes, directora del Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), presidente e integrante del Consejo Consultivo, respectivamente, narran en entrevistas por separado el proceso de “debilitamiento” del mecanismo, a partir de decisiones unilaterales del titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, quien tiene entre sus responsabilidades presidir la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo.
Los entrevistados coinciden en que el deterioro se inició cuando el fideicomiso del Mecanismo, al igual que otros 108 fideicomisos, desapareció por orden presidencial concretada en octubre de 2020, fecha que coincide con el relevo de Aarón Mastache –muy cercano al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas– por Irazoque.
El 24 de mayo, en un comunicado publicado en sus redes sociales, el Consejo Consultivo –formado por siete integrantes de la sociedad civil con voz pero con sólo cuatro votos dentro de la Junta de Gobierno– reveló que el día anterior representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cedieron a la CEN “la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias”.
Además, la CEN refrendó un contrato con la empresa RCU, que ha venido dando el servicio al Mecanismo desde su fundación en 2012 y cuya eficacia ha sido cuestionada en diversos momentos por beneficiarios. Ese convenio “incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo”, al ser la Junta de Gobierno la máxima instancia de toma de decisiones de ese órgano.
