La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, manifestó su “desaprobación” a la Ley de Seguridad Interior por considerarla un riesgo efectivo a los derechos humanos y además que no se realizó un debate real sobre su necesidad y contenido.
Al ratificar su postura, explicó a través de un comunicado que no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país.
A pesar del inédito consenso nacional e internacional en contra del Proyecto de Ley por parte de quienes promueven y defienden los derechos humanos y del cúmulo de voces críticas de especialistas en el tema de seguridad, y no obstante el llamado del Presidente de la República para ampliar el diálogo y “realmente enriquecer” la Minuta aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión consumó la adopción de la Ley sin una deliberación efectiva, subraya.
Y agrega que si bien se realizaron algunos cambios, la Oficina considera que éstos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación expuestos. Además, el proceso de emisión de esta Ley contrasta significativamente de la forma ejemplar en la que el propio Congreso ha abordado otros temas.
El Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la Ley. Para ello, el Presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros actores y realizar observaciones al Proyecto de Ley.
En caso de que el Proyecto de Ley fuese promulgado, la ONU-DH alienta a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.
Adicionalmente, la ONU-DH lamenta que el Proyecto de Ley se haya aprobado de forma aislada sin hacerse cargo integralmente de los serios desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia. En este sentido, este organismo internacional reitera la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
Sólo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, es que México superará la situación crítica en que se encuentra.
