La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la Dirección de General de Asuntos Policiales e Internacionales de la Interpol emitió una ficha roja en contra de los dueños de la mina El Pinabete, donde diez trabajadores murieron ahogados el pasado 3 de agosto.
De este modo, Cristian “S”, Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son identificados como los propietarios de la empresa Cía. Minera El Pinabete S.A. de C.V. -la cual extraía carbón de la mina ubicada en Las Agujitas, en Sabinas, Coahuila-actualmente se encuentran prófugos de la ley, además de que cuentan con una alerta migratoria a su nombre.
Pese a que Cristian “S” tramitó una orden de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, no cumplió con el pago de garantía de 500 mil pesos, por lo que dicho trámite no procedió. Por tanto, aún se encuentra en búsqueda y captura.
La dependencia autónoma a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero informó que el director de la extracción de carbón, Cristián “S”, así como los propietarios de la concesión de extracción, Arnulfo y Luis “G”, fueron citados a una audiencia para la formulación de las imputaciones. Sin embargo, no asistieron, por lo que la fiscalía giró las órdenes de aprehensión correspondientes.
Tras haberse inundado la mina -dejando atrapados a una decena de mineros a 60 metros de profundidad, bajo una inundación de más de 30 metros- la FGR abrió una carpeta de investigación para encontrar responsabilidades en el caso. Luego de más de 25 entrevistas a víctimas y testigos, el órgano obtuvo ocho dictámenes periciales con el fin de identificar las razones del colapso.
Por su parte, también se solicitaron más de 30 informes a diversas dependencias con el fin de conocer el estatus de la empresa encargada de la extracción, entre las que se encontró la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Economía (SE), Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De este modo, las autoridades catearon las oficinas de la empresa y aseguraron la documentación encontrada, sumado a lograron asegurar el predio conocido como Las Conchitas Norte en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde se ubica la mina. Así, la fiscalía logró obtener las pruebas necesarias para inculpar a los sujetos mencionados.
Por otra parte, luego de que los equipos de búsqueda y rescate no lograron sacar a los mineros con vida en los primeros días tras el incidente, la Comisión Federal de Electricidad presentó una propuesta para lograr sacar los cuerpos de las víctimas.
El pasado 5 de septiembre, Manuel Bartlett, titular de la CFE y Laura Velázquez Alzúa, responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), presentaron un plan que consiste en una excavación a cielo abierto, la cual fue la opción considerada como la más segura, tras una serie de estudios geológicos y geotécnicos.
La acción consiste en la gran excavación de un rectángulo de 450 metros por 230, con una profundidad de 60 metros, con lo que se planean extraer casi seis millones de metros cúbicos de tierra. Los trabajos durarán aproximadamente 11 meses.
Por su parte, diversas voces de la esfera pública, así como el mismo gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, han acusado que el accidente fue provocado por la misma CFE, pues el esquema de compra de carbón con el que se genera la energía eléctrica, ha favorecido la existencia de empresas como El Pinabete, donde ocurrió la tragedia.
