De acuerdo con la revista, este sistema -que cuesta entre cinco y 20 millones de dólares- permite a un gobierno interceptar llamadas, mensajes de texto y datos de geolocalización de los celulares de sus víctimas de manera “casi indetectable”.
A diferencia de Pegasus, que requiere instalarse en el celular de la víctima para espiarlo, el ULIN aprovecha una falla en el sistema de telecomunicaciones -en el Sistema de Señales número 7-, con ello obtiene un acceso a los mensajes de texto, llamadas y datos de geolocalización de cualquier celular, con el único número de la línea telefónica.
Según Forbes, un supuesto exempleado del área de ventas de Ability Inc. le informó que el gobierno mexicano había adquirido el sistema, lo cual confirmaría que México se convirtió en “uno de los mayores compradores de tecnología de vigilancia”.
A lo largo de este año, se comprobó que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó de manera ilegal -y con fines políticos- el programa Pegasus para espiar a periodistas -incluso, al hijo de la periodista Carmen Aristegui, entonces menor de edad-, defensores de derechos humanos, políticos, así como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes vinieron a México para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa.
El escándalo, conocido como #GobiernoEspía, creció. Revelaciones periodísticas mostraron que distintas agencias de seguridad adquirieron Pegasus, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En junio pasado, un grupo de víctimas interpuso una denuncia ante la PGR, la cual inició una carpeta de investigación para determinar qué agencia utilizó de manera ilegal el programa espía.
Varios índices apuntalan hacia la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando el polémico Tomás Zerón de Lucio la dirigía. Revelaciones anteriores determinaron que Zerón -señalado por alterar evidencias en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- era una pieza central en el aparato de espionaje mexicano.
Las víctimas, respaldadas por organizaciones defensoras de libertad de expresión y de derechos digitales, exigieron al gobierno que invitara a un grupo de expertos internacionales para supervisar la investigación, ya que dudaron que la PGR se investigara a sí misma de manera seria.
El gobierno federal ignoró la petición y, según abogados que siguen el caso, la investigación está estancada.
En julio de 2015, la organización Wikileaks publicó los archivos internos de la empresa italiana Hacking Team, que desarrollaba entonces el programa espía Remote Control System.
Entre los miles de correos electrónicos de sus empleados, México ocupó un espacio destacado: al sumar las compras del gobierno federal con las de los gobiernos estatales –e incluso de Pemex–, el país era su mayor cliente.
