Según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), suman ya 65 denuncias presentadas por probable actos anticipados de campaña y condicionamiento de ayuda a damnificados en los estados de Morelos, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México.
En Oaxaca la Fiscalía no solamente investiga actos anticipados de campaña, sino también casos de desvío de recursos de las autoridades que actualmente ejercen un cargo público como la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López.
Apenas este martes se dio a conocer una lista donde señalan a la presidenta municipal de Juchitán, uno de los municipios más afectados en Oaxaca, de autorizar un cheque para cubrir la contingencia del sismo del 7 de septiembre, recurso que fue destinado para el gasto de servicios personales de los concejales.
De acuerdo a la denuncia presentada por los mismos ciudadanos de este municipio, los concejales encabezados por Sánchez López, se autorizaron alrededor de un millón de pesos como ayuda por la contingencia.
En un documento que posteriormente habría sido avalado por el cabildo, se especifica que la ayuda económica por consejal sería de 30 mil pesos, en tanto el concepto fue “como ayuda por contingencia y desastres naturales debido al sismo registrado en la noche del jueves 7 de septiembre”.
Este acto causó indignación entre los habitantes de esta comunidad, pues en los últimos días se han visto obligados a permanecer bajo el sol durante varias horas para acceder a una pequeña ayuda del programa Empleo Temporal que oscila entre los mil 800 y 2 mil 300 pesos.
La Fepade informó que las investigaciones comenzaron por el desplazamiento de agentes federales del ministerio público hacia las zonas devastadas por los sismos, donde han podido recabar información y abrir 11 carpetas específicamente sobre el condicionamiento de los apoyos a damnificados.
Detalló que el objetivo es investigar el posible condicionamiento de la ayuda proveniente de programas sociales, o su etiquetación con logos partidistas o de gobiernos, lo cual podría constituirlos como delitos electorales de confinamientos de programas sociales y peculado electoral.
Datos de medios digitales señalan que la Fiscalía también investiga el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu y la titular del DIF estatal, Elena Cepeda; Martha Aguilar Tovar, titular del DIF Michoacán; el Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; la Diputada panista Rocío Aguilar Nava en Puebla; el Diputado perredista Mauricio Toledo en Coyoacán, Ciudad de México, y el Presidente Municipal en Atlautla, Estado de México, el priista Mauro Sánchez Marín, fueron señalados por la ciudadanía por el uso político-electoral de los víveres destinados a las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
