Habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe acusaron al fiscal de la zona, Policarpo Fernando Acevedo, de intimidar a la comunidad e impartir justicia de forma parcial hacia sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo.
Recordaron que desde el pasado 5 de junio, cuando un grupo armado de Tamazulápam les disparó con armas de grueso calibre a un grupo de comuneros desarmados, el hostigamiento del funcionario de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se acrecentó.
A través de una misiva, los habitantes relataron que desde el día del ataque, la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla no tiene agua y dado el conflicto y la presencia de gente armada de Tamazulápam, el Comité del Agua no puede acudir al manantial para revisar la infraestructura y averiguar el motivo de la falta de agua en la comunidad.
Denunciaron que “El manantial” se encuentra invadido por gente armada de Tamazulápam, aunado a que el tránsito es libre en Ayutla Mixe, pero no así en Tamazulápam del Espíritu Santo quien mantiene bloqueados los caminos.
“Reiteramos nuestra exigencia de justicia y anunciamos que acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos hasta conseguir que se nos haga justicia por los muertos y abusos”, advirtieron.
Del ataque resultaron con heridas seis personas, una de ellas de la tercera edad, Luis Juan Guadalupe, perdió la vida por impacto de arma de fuego y fueron secuestradas cuatro mujeres rescatadas un día después, tras una fuerte presión de la asamblea general, indicaron.
Sin embargo, explicaron que un nuevo calvario comenzó para exigir justicia dado que ha sido lenta y tortuosa, pues las pruebas son ahora una carga para las víctimas, pues a pesar de haber pedido la remoción del fiscal Policarpo Fernando Acevedo por su actitud parcial y condescendiente con los agresores, lo mantienen en funciones.
Recordaron que el funcionario de la FGEO acudió al área de urgencias del Hospital del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca, para actuar de forma arbitraria en contra de Alberta García Natividad, de 68 años de edad, monolingüe en mixe.
Detallaron que el fiscal con total arbitrariedad y sin respetar el derecho a intérprete de la indígena le puso algodón entre los dedos para hacerle la prueba de rodizonato de sodio, prueba aplicada para determinar residuos de pólvora.
Lamentaron que con esta acción pretendía responsabilizarla de haber disparado arma de fuego, obviando la evidencia del video difundido en el que claramente se aprecia que las personas atacadas estaban desarmadas.
Afirmaron que el comportamiento doloso de parte de Acevedo evidencia el intento de criminalizar a las víctimas en lugar de proporcionarles justicia pronta y expedita, como es su responsabilidad.
“Sorprende el dolo con el que se está llevando este caso; por un lado, las autoridades no han detenido a los responsables del secuestro de cuatro comuneras y no se han girado las órdenes de aprehensión correspondientes por las denuncias de despojo”, anotaron.
Lamentaron la impunidad por el asesinato de Luis Juan Guadalupe y por los heridos por armas de fuego, cuyos agresores se pasean de forma impune por la zona, generando una honda confrontación con sus vecinos.
