Buscan garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables

Ciudadanos indígenas hablantes de lenguas maternas y personas con discapacidad auditiva, verbal y visual manifestaron que diariamente se enfrentan a prejuicios y conductas discriminatorias que vulneran sus derechos humanos en su búsqueda de acceso a la justicia ante las diversas instancias, a consecuencia de no poder hacer valer su voz por la barrera de la comunicación.

Señalaron que el derecho de acceso a la justicia es un principio básico para el ejercicio de sus derechos; sin embargo, en México miles de personas indígenas y con algún tipo de discapacidad han visto vulneradas sus garantías por la carencia de asistencia oportuna especializada al momento de acudir ante alguna instancia de justicia.

El derecho a la justicia se ha visto constantemente vulnerado o restringido, sobre todo cuando se trata de víctimas hablantes de alguna lengua indígena o personas  discapacitadas, ya que no pueden expresarse ante las autoridades luego de haber sido víctimas de algún tipo de agravio, por lo que estos casos se quedan impunes y muchas veces sin algún seguimiento para la impartición de justicia”, señalaron.

Por lo anterior, reconocieron la iniciativa de ley propuesta por los legisladores locales, Leticia Collado Soto y Jaime Moisés Santiago Ambrosio, quienes solicitaron reformar los artículos 127, 169, 171 y 173 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, con el objetivo de que las víctimas que no hablen el idioma español o presenten alguna discapacidad cuenten con intérpretes lingüísticos, a fin de favorecer la comprensión y comunicación durante su proceso.

Con esto se busca garantizar el acceso de la justicia, ya que es imprescindible contemplar una asistencia de intérpretes o traductores lingüísticos de forma gratuita para aquellas personas víctimas en situación de vulnerabilidad, ya sea porque no hablen o entiendan el idioma español o cuando se trate de personas con discapacidad, se garantice el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás”, dijeron.

En este contexto, Collado Soto refirió que el acceso a la justicia es una garantía que debe procurar el estado hacia los ciudadanos, ya que constituye un derecho fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática, participativa e igualitaria, por lo que con esta iniciativa se busca generar las condiciones necesarias para que se garantice este derecho a los sectores vulnerables.