Habitantes de Xochictlán exigen recursos de 2 ramos

Cuitláhuac Hernández Merino, integrante de las autoridades tradicionales de San José Xochixtlán (comunidad triqui), afirmó que la única forma en que el pueblo ha exigido los recursos de los ramos 28 y 33, a la cabecera municipal de San Martín Itunyoso, ha sido a través de la toma de oficinas y carreteras. Sin embargo, hace unos días circuló un desplegado, supuestamente firmado por él, en donde amenaza con secuestrar, encarcelar o violentar a personas o autoridades de ese municipio si no les entrega los recursos mencionados. 

En entrevista con EL IMPARCIAL, Cuitláhuac aseguró que “la gente de Xochixtlán no quiere violencia ni la va a generar; fue un acuerdo de asamblea. Ese desplegado es una calumnia que busca desestabilizar a ambas comunidades”. El volanteo se realizó en el municipio y en las principales calles de las comunidades, por lo que consideró que estos son actos de provocación para dividirlos.

La autoridad tradicional reiteró que no van a caer en provocaciones, pues en la cultura triqui siempre han procurado la paz. “No deben confundir nuestra exigencia por los recursos, que es válida, a un seudo boletín con una serie de amenazas; nosotros no queremos violencia y por eso nuestra exigencia ha sido de forma pacífica”.

Dijo que han sido olvidados porque no existe el compromiso suficiente por parte de las autoridades estatales, municipales y federales de cumplir con la minuta de trabajo que firmaron para que esos recursos llegaran en tiempo y forma.

José Terezo Cruz Reyes, agente de usos y costumbres de Xochixtlán, señaló que dentro de las peticiones está la exigencia de hacer valer una demanda que ganaron el 8 de marzo de 2019,  para que su municipio les regrese los recursos de los ramos que les corresponde.

Esta demanda fue presentada ante la sala indígena de justicia y la quinta sala penal del Tribunal Superior del estado de Oaxaca el 8 de marzo de 2019, y que obra en el expediente, jdi/10/2017. En esta se expone la negación de la entrega de los recursos desde el 2015; además la discriminación de la que han sido víctimas, luego de las exigencias que han hecho a través de marchas y manifestaciones, donde tampoco los tres niveles de gobierno han querido atender.