Víctima de tortura policíaca en Tlaxiaco demanda justicia
Ángel D. B. V., de 19 años de edad, fue agredido por policías municipales en la ciudad de Tlaxiaco; a casi cuatro meses de lo que fue considerado como tortura, demandan atención inmediata.
Alrededor de las 21:45 horas del pasado 21 de marzo, el joven llegaba al domicilio de sus papás ubicado en el Barrio San Nicolás.
Descendió de un vehículo, cuando fue atacado por policías municipales, quienes iban en una patrulla y emitieron varios disparos de arma de fuego en su contra, por lo que le provocaron una herida en la pierna izquierda.
“Lesionado, lo esposaron, lo llevaron a un terreno baldío donde lo torturaron, y le fracturaron la pierna derecha, por lo que hasta la fecha no puede caminar”, informó Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) A. C.
Esto resultó en una denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de tortura, cuya carpeta de investigación se tiene en la Unidad de Investigación de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEO).
Aunque se hicieron varias diligencias en el lugar donde ocurrió el ataque, destacó que faltan muchas más por efectuarse; “hasta el momento no se ha investigado nada, no hay ninguna orden de aprehensión, ninguna persona detenida, no hay nada todavía”, expresó.
Por esa razón, recurrieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por lo que el titular de la misma, José Bernardo Rodríguez Alamilla, acudió el miércoles pasado a ver a Ángel y su familia.
“El defensor hizo una visita a la oficina para abordar varios casos que tenemos y lo invité a que fuéramos a ver a la familia, él accedió y ha sido la única persona que los ha visitado”, aclaró.
Santiago Reyes dio a conocer que solicitaron medidas cautelares para el joven y su familia, en organismos nacionales e internacionales, incluyendo el Comité para Prevenir y Erradicar la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esto, debido a que los familiares reportaron amenazas por parte de policías municipales y en dos ocasiones, el 11 de abril y el 20 de junio, efectuaron disparos de arma de fuego afuera de su domicilio.
Mientras tanto, la víctima no ha recibido atención de ninguna instancia gubernamental, la familia ha sufragado todos los gastos médicos, “ni siquiera el gobierno municipal se ha dignado a revisar el tema”, lamentó.
