Luego de más de 10 horas de audiencia, los exfuncionarios de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, José Antonio C., y Armando E..S., fueron vinculados a proceso anoche en los Juzgados de Control Circuito de Valles Centrales, con sede en Tanivet.
El exsecretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara; el ex director jurídico, José Antonio, y Armando, quien se desempeñó como director de concesiones en el sexenio anterior, son acusados del delito de tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte.
Los exservidores públicos fueron detenidos el pasado miércoles, en tres acciones simultáneas que efectuaron integrantes del grupo Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), de la Fiscalía General del Estado.
En un comunicado el titular de la Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, indicó esa mañana que los exfuncionarios firmaron y otorgaron sin cumplir con los requisitos legales, entre los meses de enero a noviembre del 2016, 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Oaxaca.
En la voluminosa carpeta de investigación, la cual consta de cinco cajas con más de 500 expedientes administrativos de las concesiones que se encuentran irregulares, se explica que los exservidores públicos no realizaron el pago de derechos correspondiente, lo cual representó un daño patrimonial a la hacienda Pública del Estado por la cantidad de 5 millones 836 mil 284.16 pesos. “Cabe señalar que las 502 concesiones fueron otorgadas sin el pago de derechos correspondientes”, precisó la autoridad.
Los citados títulos de concesión fueron firmados con facultades de coordinación de la expedición de las autorizaciones relativas y facultades de validación de la emisión de las concesiones; lo cual independientemente del daño económico causado al Erario del Estado de Oaxaca, lesiona también los derechos de los concesionarios formalmente regulados, por no cumplirse los requisitos establecidos en las leyes de la materia para el otorgamiento de las concesiones, según la acusación.
Al mediodía, en audiencia privada y tras ser presentados los acusados ante el juez, se calificó de legal su detención.
Al siguiente día de la misma manera, sin la presencia de público, Carlos Moreno, Armando y José Antonio, fueron comunicados de la imputación, reservándose el derecho a declarar y solicitando la ampliación del término constitucional, la cual feneció ayer.
De acuerdo con el código de procedimientos penales, la penalidad de este delito es de 2 a 10 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa.
Tras informar la resolución de vinculación a proceso en contra de los tres exfuncionarios y tras un breve receso, se discutía, hasta el cierre de edición, sobre la medida cautelar que se impondría.
