Nancy Belém Mota Figueroa, síndica procuradora del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, negó los señalamientos hechos en su contra por parte de una ex trabajadora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en los que se le describe como cómplice de otra persona que le exigía a la afectada una cuota de mil pesos quincenales.
Mota explicó que esta serie acusaciones hacia ella obedecen a violencia política por razón de género y probablemente son impulsadas por personas que buscan dañar su imagen para ocupar su cargo. Asimismo, advirtió que interpondrá una demanda por daño moral y solicitará “la reparación del daño a quien o quienes resulten responsables”.
Esta semana, el titular del Órgano Interno de Control Municipal, Francisco Carrera Sedano, comentó que se abrieron carpetas de investigación sobre el caso de Mota Figueroa y de la regidora de Igualdad de Género, Deyanira Altamirano. Esta última por presuntamente beneficiarse con más de 800 mil pesos por cobros a artesanos que participaron en una expo feria en la temporada de Guelaguetza.
Carrera Sedano dijo que por el caso de Mota, visto en redes sociales, “se abrió un expediente” y que “se está investigando”, aunque hasta ese momento la supuesta afectada no había presentado la queja formal ni las pruebas, pero que puede aportarlas y hacerla en el momento en que decida.
Sin embargo, la síndica se pronunció este miércoles y expuso que ante la información difundida en abril, y que nuevamente se retomó en redes sociales recientemente, ya se cerró el caso en mayo y por lo cual se concluyó el expediente.
La resolución con fecha 27 de mayo de 2022 (OICM/DQDISP/286/2022), detalló Mota, refiere que “al no contar con elementos suficientes que acrediten los hechos denunciados mediante redes sociales, así como también la responsabilidad de las servidoras públicas Nancy Belem Mota Figueroa y Patricia Jiménez, resulta procedente declarar el archivo del expediente OICM/DQDISP/DQDI/019/2022, como concluido en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Este medio buscó al contralor para confirmar si ya se había cerrado el expediente, pero no obtuvo respuesta.
Ante la información difundida nuevamente en días pasados, “en donde el contralor el C. Francisco Carrera Sedano afirma haber remitido las quejas a otras instancias”, la síndica dijo ser “una mujer honesta y probada” y que hasta ahora no tiene ninguna carpeta de investigación abierta en su contra en el poder judicial del estado o del país.
Me parece que no es ético, ni moralmente aceptable, que una persona insista en sus calumnias y difamaciones para permanecer en un empleo, a menos que esté siendo asesorada por personas sin escrúpulos, cuyo interés sea dañar mi imagen para ocupar mi cargo. Me queda claro que este es un asunto de violencia política por razón de género”, apuntó en un documento dirigido a diversos sectores de la población.
