Con 31 votos a favor y 7 en contra, el Congreso local desapareció ayer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, cuyo presupuesto anual de 600 millones de pesos que recibía, será dirigido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, un juez y un magistrado, a través de una Junta administrativa.
El tema fue controversial para los legisladores, ante una serie de manifestaciones de quienes se oponían a la desaparición y de quienes la exigían, luego de que la diputada Nallely Hernández García presentara en junio una iniciativa que abordaba el tema.
Mientras trabajadores del Poder Judicial se pronunciaron en respaldo a esta iniciativa en reiteradas ocasiones, magistrados, jueces y hasta el mismo presidente del Consejo, Alfredo Lagunas, lo consideraron un error y solicitaron a los legisladores no hacerlo.
Sin embargo, ayer en sesión ordinaria, los diputados y diputadas, por mayoría de votos, desaparecieron este Consejo que era considerado un elefante blanco, luego de que fuera creado en 2011.
El dictamen fue presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales del Congreso local, que aprobó también la creación de un Consejo de Administración que presidirá el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado y un juez, que deberán utilizar los recursos para combatir las carencias del Poder Judicial.
Estos dos últimos, de acuerdo a la presidenta de la Comisión, Eufrosina Cruz Mendoza, serán elegidos por la Comisión de Justicia en una siguiente etapa, como parte del procedimiento. Una vez publicado el decreto, los integrantes del Consejo deberán reincorporarse a sus labores jurisdiccionales.
La diputada Eufrosina Cruz aseguró que esta decisión pretende optimizar recursos en beneficio del Poder Judicial, luego de haber escuchado a todas las partes en conflicto, tanto magistrados, como jueces y sindicalizados.
En el dictamen que aprobaron los diputados y diputadas para la desaparición del Consejo, se señala también que los magistrados solo estarán en el Poder Judicial hasta cumplir los 75 años y no más, para dar paso a la renovación.
En el mismo documento, se detalla que en lugar de la figura del Consejo de la Judicatura, se creará una Junta destinada específicamente a la función administrativa del Poder Judicial del Estado.
“Esto despresurizaría las adversidades presupuestales que hoy enfrentan; ofrecería la posibilidad de destinar mayores recursos a la infraestructura e inversiones, que son necesarias para la implementación de las sucesivas reformas en materia de administración de justicia que han ocurrido en el ámbito estatal y en el país, y daría más capacidad de operación al propio Tribunal, soslayar que el pleno de magistrados que integran el Tribunal seguirá siendo la máxima autoridad dentro del ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado”.
Sin embargo, para no distraer las funciones de impartición de justicia que tienen asignados, la creación de esta Junta solo coadyuvará a realizar todas aquellas funciones administrativas que ayuden a mejorar sustancialmente aquellas funciones.
Así también la junta tendría las funciones de operar como un órgano colegiado que sirva como ente fiscalizador al interior del Poder Judicial para la correcta aplicación de sus recursos, que tenga las facultades de administración, vigilancia y disciplina.
