Omar Esparza Zárate, esposo de la activista Alberta “Bety” Cariño quien junto con el observador finlandés Jyri Jaakkola fue asesinada el 27 de abril del 2010, en San Juan Copala, en una caravana de ayuda que se dirigía a la zona triqui, dijo que a pesar del avance en las detenciones de los implicados en estos dos homicidios, el Estado mexicano ha fracasado en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que las víctimas y testigos continúan en riesgo.

Las 14 órdenes de aprehensión que se han librado por este doble asesinato, de las cuales se han ejecutado seis, “tarde o temprano se deben cumplir”, afirmó, no obstante considera que algunas actitudes por parte de los jueces han dado privilegios a los detenidos.

“Creemos que lo han politizado, han politizado la justicia por lo que nosotros hemos metido algunos amparos por decisiones del juez que han permitido a parte de los abogados de los responsables meter ciertos recursos y a nosotros como familiares, se nos niega cuanto debe haber igualdad de condiciones”, acusó.

Abundó que en algunas ocasiones no se ha permitido que se dé el cambio de sede de las audiencias por cuestiones de seguridad, la falta de protección a testigos que ya han manifestado, “porque ninguna autoridad estatal ni federal se ha comprometido en este tema”.

Otro de los problemas que han tenido que enfrentar, explicó, es la cancelación de dos carpetas de investigación de carácter federal que se mandaron a reserva sin consultar a las víctimas, ni a los familiares de las personas asesinadas, lo cual calificó como una aberración grave.

Consideró que “el sistema de justicia penal vigente lo que ha provocado es un descontrol en el que nadie quiere asumir su papel y responsabilidad, mucho menos los jueces y nadie quiere detener a los responsables por los acuerdos políticos”.

“Nosotros estamos apostándole a demandar al Estado mexicano, todavía tenemos un diálogo con el titular de la fiscalía de trascendencia social con quien hemos tenido buena comunicación y la información que vamos requiriendo, pero tenemos que decirlo, el Estado es fallido y ha fracasado en el tema de justicia”, condenó.

Agregó que hay zonas donde no hay justicia aunque es anhelada por las comunidades, no sólo en la región triqui sino en todo el país, pues se ha convertido en una guerra desatada del gobierno mexicano contra los pueblos indígenas.

Esparza Zárate, también dirigente del Movimiento Nacional Indígena Zapatista (MAÍZ), reconoció que a pesar de que han sido siete años de lucha constante, los integrantes de ésta y otras organizaciones, además de la solidaridad internacional, ha sido una presión importante para que las autoridades atiendan la situación con cuyas manifestaciones van a continuar.

“Ha sido una lucha larga, siete años son bastantes, pero seguiremos insistiendo para que el último de los asesinos sea detenido, seguiremos presionando a las autoridades mexicanas e invitamos a la gente a no claudicar en la exigencia de justicia, pese a todas las trabas institucionales, también por los defensores de los derechos humanos y de la tierra que han sido asesinados”, señaló.

Ningún sentenciado

El titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Claudio Miguel Miguel, informó que esta situación está a cargo de la Fiscalía de Trascendencia Social.

Hasta el momento, hay seis de 14 personas aprehendidas que se encuentran en la Penitenciaría, aunque actualmente ninguna de ellas cuenta con una sentencia, pues se encuentran en la etapa intermedia.

La detención más reciente es la de Antonio, quien fue localizado alrededor de las 12:00 horas del 25 de agosto en un mercado de Culiacán, Sinaloa.

Fue traído al estado de Oaxaca y el domingo 27 se llevó a cabo la audiencia de control de detención que el juez calificó como legal.

También se llevó a cabo la comunicación de imputación derivada de la causa penal 257/2012 por el delito de homicidio calificado en contra de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola.

La siguiente audiencia se llevará a cabo en el transcurso de esta semana, en cuyo proceso, se determinará si será o no vinculado a proceso.