Autoridad capitalina calla ante contaminación del Atoyac

El presidente municipal Oswaldo García Jarquín se ha negado a escuchar sobre la necesidad de sanear el río Atoyac y las acciones que se emprenderán para acatar la orden de un tribunal federal. “El municipio de Oaxaca de Juárez no nos ha visto ni nos ha oído”, señaló el abogado Carlos Morales, presidente de la asociación civil Litigio Estratégico, que ganó en 2019 el amparo con que se obliga a los gobiernos federal, estatal y municipales a sanear este afluente y el Salado.

No es la primera vez que el ayuntamiento local se niega ante la problemática que en diciembre llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emitir la recomendación correspondiente a 28 municipios, el estado y la federación. En la administración de José Antonio Hernández Fraguas incluso se negó la existencia del problema.

“Hace un trienio tuvimos a un presidente municipal que después quiso ser diputado; ese presidente dijo, en un oficio que forma parte de las respuestas absurdas de las autoridades, que el río Atoyac no está contaminado”, externó Morales en una conferencia sobre derechos humanos realizada el fin de semana de manera virtual.

Morales lamentó la “insensibilidad” de García Jarquín ante las reiteradas peticiones de reunirse con Litigio Estratégico Indígena y analizar cómo se atenderá la sentencia. Ante ello, confió en que la próxima administración municipal, que quedará en manos de Francisco Martínez Neri, preste atención a la sentencia.

Durante la conferencia, el abogado apuntó que todavía no se ha creado el proyecto para el rescate de los ríos Salado y Atoyac, esto a pesar de que hay una sentencia que ordena rescatar el río (por parte de un juzgado de distrito y confirmada por un tribunal colegiado de Acapulco) y una recomendación de parte de la CNDH (la 057/2020).

La pandemia de Covid-19 vino “como anillo al dedo” para las autoridades porque les ha permitido eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo, agregó el abogado sobre la demora en crear el proyecto de rescate y ejecutarlo. Asimismo, que la autoridad judicial ha sido muy paciente, pero esa “paciencia del Poder Judicial de la Federación tiene un límite” y no se podrá seguir eludiendo la obligación.

De incumplir, explicó, la autoridad ordenará la destitución de los servidores públicos omisos y serán puestos a disposición de un juez. Pero esa no es la finalidad sino que como Litigio Estratégico Indígena el objetivo es que se cumpla la sentencia, pues “es necesario rescatar a los ríos Salado y Atoyac”.

Asimismo, consideró que a la par de ellos se debe empezar a trabajar con la ciudadanía, ya que gran parte de la problemática también es su responsabilidad. “A todos nos conviene que los ríos estén sanos”, apuntó el jurista respecto a una labor que permitirá dejar un medio ambiente sano para las futuras generaciones.