El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dirigido por Adelfo Regino Montes, se ha negado a escuchar a las comunidades indígenas inconformes por la ejecución de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, denunciaron organizaciones sociales que participaron en la toma de la sede de la dependencia federal realizada por mujeres otomíes en la Ciudad de México.
Miguel García, representante del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y de la ONG Maderas del Pueblo, denunció que a pesar de los riesgos para el territorio de las comunidades indígenas y las afectaciones a los recursos naturales que implican estos proyectos, el INPI ha rechazado dialogar con los pueblos inconformes.
Esta misma semana, la relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, advirtió que la realización de megaproyectos en comunidades indígenas sin consulta y sin consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas.
Durante el foro internacional La lucha por la libre determinación en las políticas y marcos legales en México, en el que representantes de diversas comunidades indígenas y de organizaciones sociales denunciaron las diversas violaciones a sus derechos, cometidos por el actual gobierno federal, Urrejola anunció que en 2021 la CIDH presentará un informe sobre los procesos de la libre determinación en el país.
Asimismo, el presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), Andrés Odilón, manifestó que luego de cuatro años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber firmado un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua, “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”.
