Denuncian agresiones contra personas afectadas del CIIT

Representantes de decenas de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante décadas por la defensa y protección de los derechos humanos en México exigieron a las autoridades estatales y federales “un alto a la estigmatización y a las agresiones contra personas y comunidades que, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), defienden sus derechos humanos y el territorio”.

Entre octubre del 2021 y marzo del 2023, se han registrado 26 agresiones en contra de personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del CIIT. Dichas agresiones se han dado principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz y, en su mayoría, se han cometido contra personas de pueblos o comunidades indígenas. Entre las agresiones más frecuentes se encuentran: intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física y homicidio”.

Recordaron que como parte de la resistencia contra la imposición del CIIT, las comunidades ayuuk, además, precisaron que quienes cometen las agresiones son principalmente integrantes de las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y miembros del crimen organizado. Esta situación ha violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación, al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia del pueblo ayuuk.

El CIIT, detallaron, se está ejecutando sobre territorios indígenas sin que el gobierno federal haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables para dicho proyecto, como se ha demostrado en los peritajes de las acciones jurídicas interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa una grave afectación a sus derechos fundamentales, han movilizado en la zona de Mogoñé Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, desde el inicio del proyecto y han sostenido un bloqueo permanente de las vías férreas en el tramo Mogoñé Viejo-Vixidu durante 28 días.

Además, precisaron que quienes cometen las agresiones son principalmente integrantes de las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y miembros del crimen organizado. Esta situación ha violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación, al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia del pueblo ayuuk.

El CIIT, detallaron, se está ejecutando sobre territorios indígenas sin que el gobierno federal haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables para dicho proyecto, como se ha demostrado en los peritajes de las acciones jurídicas interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa una grave afectación a sus derechos fundamentales.

El megaproyecto Interoceánico pretende, entre otros objetivos, desarrollar un corredor comercial-industrial en el Istmo de Tehuantepec enlazando los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la construcción de puertos comerciales, una red de carreteras primarias y secundarias, redes de conectividad digital, un gasoducto, así como diez polos de desarrollo.

Todo ello, denunciaron, tendrá un impacto directo en, al menos, 79 municipios (33 veracruzanos y 46 oaxaqueños) para, eventualmente, conectarse con otro proyecto de inversión a gran escala, el denominado “Tren Maya”. Asimismo, estas obras modificarán de forma definitiva los territorios y las formas de vida de los doce pueblos indígenas que habitan en la zona.

Los representantes de las organizaciones exigieron que se detengan toda forma de amenazas y agresiones en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, pidieron a las autoridades que emprendan las acciones necesarias para asegurar su integridad y bienestar, reconozcan y respeten los derechos humanos.