A través de un comunicado la organización denominada Consorcio Oaxaca, señala que en la entidad no sólo va en aumento el número de feminicidios, sino también la desaparición de mujeres, pues durante el actual gobierno se registran ya 800 casos que se sumarían a las 500 personas desaparecidas en la entidad desde la década de los ochenta, según datos de organizaciones y colectivos en búsqueda de sus familiares (Educa, 2020).
Indican que con base en los registros que realiza Consorcio Oaxaca, el incremento en la desaparición de mujeres no es exclusivo de esta administración, el gobierno de Gabino Cué dejó el saldo de 174 desaparecidas a finales de su mandato.
“Lejos de erradicarse, la cifra se incrementó de manera alarmante a partir del segundo año del gobierno de Alejandro Murat alcanzando los 326 casos en 2018; en 2019 la cifra llegó a 259 y tan sólo en lo que va de 2020 hay un registro de 118 casos, de los cuales 60 por ciento han ocurrido durante el periodo de contingencia. Más de 70 por ciento del total de casos en la entidad se encuentran en el rango de los 12 a los 25 años de edad”.
Cabe destacar que desde 2018 a la fecha, cinco regiones representan 81 por ciento del total de casos de desaparecidas en Oaxaca: Valles Centrales con 391, Istmo 84, Papaloapan con 66, Mixteca 58 y la Costa con 54 casos.
Estudiante, empleadas…
En el documento indican que a pesar de que el 90 por ciento de los registros en medios locales no ofrecen datos sobre la ocupación de las víctimas, en los casos en que es posible saberlo son las estudiantes, empleadas y comerciantes quienes representan el mayor porcentaje de desaparecidas.
Explican que cuando la mayoría de las desaparecidas se encuentran en edad escolar, en fase reproductiva y/o económicamente activa, cuántas vidas y proyectos se desvanecen en la ruta de impunidad, cuántas víctimas indirectas dejan con su ausencia, cuánto dolor e incertidumbre letal ha provocado en sus familiares la búsqueda en vida de sus hermanas, hijas, madres, esposas, compañeras, sin que a la fecha se observen acciones del Estado para investigar los contextos en los que existe mayor riesgo de ser víctima de una desaparición, cuál es el móvil de estos delitos, cuál es la caracterización de los presuntos agresores o cómo se lleva a cabo el seguimiento a las carpetas de investigación, sobre todo en municipios que cuentan con Alerta de Género desde 2018.
Dicen que estas y otras múltiples interrogantes deberían ser atendidas por el Estado tal como lo marca la Ley General de Víctimas que obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, les proporcione ayuda, asistencia o reparación integral (LGV, 2017).
Un grave delito
“La desaparición es un delito, y está previsto por el artículo 348 Bis D del Código Penal de Oaxaca en el que se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga su ocultamiento bajo cualquier forma, se niegue a reconocer dicha privación de la libertad o se niegue a informar sobre el paradero de la persona”, destacan.
Finalmente aseguran que la falta de observancia obligatoria por parte del gobierno representa una violación a los derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familias.
