La organización Stop US Arms to Mexico publicó un informe que coloca en el centro del debate el tráfico de rifles Barrett calibre .50 hacia México. Con base en cifras oficiales de producción, ventas y decomisos, el análisis estima que más de 1,700 de estos rifles podrían ingresar cada año al país de forma ilegal, una cantidad que representaría más de la mitad de las ventas civiles totales de este tipo de arma en Estados Unidos.
El dato es especialmente relevante si se considera que Estados Unidos es uno de los países con mayor número de armas en manos de civiles y que el rifle Barrett .50 es un arma de alto poder diseñada originalmente con fines militares.
En 2023, el fabricante produjo 5,903 rifles calibre .50. Aproximadamente la mitad fue destinada a fuerzas militares y policiales, lo que limita la oferta disponible para el mercado civil. Sin embargo, la estimación de la organización sostiene que una proporción significativa de los rifles vendidos legalmente a civiles termina en México a través del tráfico ilegal.
DE LOS DECOMISOS A LA ESTIMACIÓN REAL
El informe parte de un ejercicio comparativo. En 2025, el Ejército mexicano aseguró 10,689 armas de fuego en total. Esa cifra, según estimaciones oficiales, representa menos de una décima parte de las aproximadamente 135 mil armas que cada año son traficadas desde Estados Unidos hacia México.
Ese mismo año se reportó la confiscación de 140 rifles Barrett calibre .50. Si se aplica la misma proporción entre armas decomisadas y armas traficadas al caso específico de los Barrett, el número real podría multiplicarse entre 11 y 12 veces, alcanzando alrededor de 1,768 rifles anuales.
La organización aclara que no se trata de una cifra oficial del tráfico real, sino de una proyección elaborada con base en datos públicos. Aun así, el cálculo dibuja un escenario en el que el flujo de rifles de alto poder hacia México es constante y sistemático.
EL PODER DE FUEGO EN MANOS DEL CRIMEN
Los rifles Barrett calibre .50 no son armamento convencional. Conocidos popularmente como “mata policías”, tienen capacidad para disparar a más de un kilómetro de distancia, perforar blindajes y derribar aeronaves de vuelo bajo o lento. Sus proyectiles pueden ser entre cinco y diez veces más grandes que los de rifles como el AR-15 o el AK-47.
Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en junio de 2020, cuando un comando atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación atentó contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En el ataque se utilizaron armas calibre .50, lo que evidenció el nivel de sofisticación y poder de fuego de las organizaciones criminales.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, desde el inicio de la actual administración se han decomisado 18 mil armas, de las cuales entre 77 y 78 por ciento provienen de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran 215 fusiles Barrett calibre .50.
MUNICIÓN “HECHA EN EU”
Investigaciones periodísticas internacionales han documentado que en escenas de ataques en México se han encontrado cartuchos calibre .50 fabricados en la planta Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del Gobierno de Estados Unidos y principal productora de munición para su Ejército.
No obstante, especialistas descartan que se trate necesariamente de desvíos desde instalaciones militares. Las mismas empresas contratistas que abastecen al Ejército también venden munición al mercado civil. En Estados Unidos, la compra de balas calibre .50 no requiere verificación de antecedentes en muchos estados, lo que facilita su adquisición.
Para Stop US Arms to Mexico, el problema es estructural y responde a una lógica de oferta y demanda: en México existe un mercado de violencia que demanda armas de alto poder; en Estados Unidos, una oferta amplia y poco regulada que permite su circulación en el ámbito civil.
LA DEMANDA CONTRA LOS FABRICANTES
El Gobierno de México incluyó a Barrett, junto con otras fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, en una demanda presentada contra armerías y productores estadounidenses.
En el documento, México sostiene que el rifle calibre .50 se ha convertido en una de las armas preferidas de los cárteles y señala que la empresa promociona su modelo 82A1 como arma de guerra, aunque lo comercializa también en el mercado civil.
La demanda cita antecedentes oficiales de Estados Unidos que, desde 1999, vinculaban estos rifles con actividades delictivas y redes de tráfico. Para el Gobierno mexicano, no resulta sorprendente que un arma con estas características sea traficada regularmente para fortalecer a organizaciones criminales.
¿PROHIBICIÓN O MAYOR REGULACIÓN?
Para John Lindsay-Poland, coordinador de la organización, la magnitud del tráfico debería conducir a prohibir la venta de rifles calibre .50 a civiles en Estados Unidos. Existe una propuesta legislativa, la Stop Arming Cartels Act, que busca vetar su comercialización, aunque no ha prosperado.
El especialista sostiene que intentar frenar el flujo únicamente en la frontera es insuficiente, dado el volumen de mercancías y vehículos que cruzan diariamente. A su juicio, el enfoque debe centrarse en la regulación del mercado estadounidense.
La discusión, sin embargo, enfrenta resistencias políticas y legales en un país donde el derecho a portar armas está protegido constitucionalmente y donde la industria armamentista tiene un peso económico y político considerable.
Mientras tanto, los datos del informe y los decomisos oficiales coinciden en un punto: los rifles Barrett calibre .50, diseñados para la guerra, continúan apareciendo en escenarios de violencia en México, en un flujo que revela la dimensión transnacional del problema.
Con información de INFOBAE
