Fueron ampliamente difundidas las entrevistas hechas a los coordinadores parlamentarios de MORENA al salir de Palacio Nacional, luego de haberse reunido con la presidenta de México.
El tema único del encuentro fue la inminente reforma electoral y ambos coincidieron en su mensaje a los medios sobreponiendo a cualquier otra temática, la prioridad de que la próxima reforma privilegie el fortalecimiento de la democracia participativa.
Independientemente de que efectivamente sea el gran tema o el gran distractor, llama la atención que, en el discurso oficial, ocupe el primerísimo lugar.
Pero ¿Qué es la democracia participativa?
Digamos desde ya que es el conjunto de instrumentos o procedimientos que permiten que la ciudadanía participe en la toma de decisiones políticas y administrativas más allá del sufragio.
La democracia participativa es claramente, en contextos de saludables democracias modernas, un complemento a la democracia participativa que – dicho sea de paso- es la cara más visible de todas las facetas o adjetivaciones que acompañan a la democracia.
Lo opuesto a la democracia representativa es la democracia directa. Y en México vivimos preponderantemente en democracia representativa.
Esto quiere decir que elegimos a través del voto de la mayoría a quienes habrán de tomar, desde los poderes públicos, las decisiones en nuestro nombre.
Históricamente hemos elegido a quienes hacen nuestras leyes y a quienes ejecutan los presupuestos en la forma de políticas públicas.
Y recientemente -como en ningún otro país del mundo- hemos incorporado a la democracia representativa a nuestros poderes judiciales.
El solo consenso mayoritario a la hora de votar legitima las decisiones que toman en nombre de mayorías y -por virtud de la representación proporcional – de las minorías.
Pero la degradación de nuestras democracias desde el descrédito que a pulso han ido ganando partidos y servidores públicos, se ha hecho necesario incorporar al diseño constitucional, como válvulas de escape, una serie de mecanismos, instituciones o procedimientos que complementan el espíritu democrático permitiendo a los ciudadanos una participación más activa y directa en la toma de algunas decisiones.
Es así que la democracia participativa representa una especie de democracia semidirecta donde se le pide a los ciudadanos su validación o rechazo previo a la toma de algunas decisiones desde los poderes.
Los principales mecanismos que ya existen y que se han venido introduciendo en nuestras constituciones federal y locales en México son:
El plebiscito, mediante el cual se consulta a la ciudadanía si aprueba o rechaza alguna o algunas políticas públicas o decisiones de gobierno.
El referéndum, que consulta la aprobación o rechazo de leyes ya aprobadas por los poderes legislativos.
La consulta popular, diseñada para que la gente vote a favor o en contra de temas de trascendencia estatal o nacional.
La iniciativa ciudadana, que hace posible que los ciudadanos (en los casos en que no tengan facultad de iniciativa en las constituciones) propongan leyes o reformas para que los congresos las discutan y las voten.
La revocación de mandato, diseñada para que la ciudadanía destituya a sus representantes electos por pérdida de confianza.
Y a nivel local destacan el presupuesto participativo, los cabildos abiertos y las asambleas y comisiones ciudadanas para la elaboración de políticas públicas y gestión comunitaria.
En Oaxaca esto no debía sorprender. Tenemos aquí una larguísima data de mecanismos de auténtica democracia directa en nuestros pueblos y comunidades indígenas, en los que sus dimensiones demográficas hacen posible que las decisiones más importantes ahí se tomen presencialmente en asambleas con la participación de toda la comunidad con derecho a voz y voto.
El desafío está en operacionalización de la democracia participativa con las reglas de la democracia representativa, cuyo éxito depende no tanto de un buen diseño del sistema en sí, sino de un nivel adecuado de cultura política y democrática que permita ejercer con responsabilidad el voto en cualquiera de estos procesos.
La clave del éxito, si lo que se pretende es fortalecer la democracia mexicana, es la deliberación.
De ahí que se tiene que empezar a hablar y mucho de esas otras dos categorías que también adjetivan a la democracia y que son la democracia deliberativa y la democracia epistémica, que son aquellas a través de las cuales los tomadores de cualquier decisión “deliberan”, discuten, debaten, argumentan e intentan persuadir antes de decidir y antes de votar.
Porque la democracia no se trata solo de participar y de votar. Se trata de participar y votar responsablemente, con conocimiento de causa, entendiendo y ponderando los argumentos a favor y en contra.
Y todo lo anterior implica un cambio completo de nuestras prácticas informativas y comunicativas, para que toda expresión de la voluntad del ciudadano no esté viciada, manipulada, distorsionada y pierda por ello su nota distintiva de libertad, como valor esencial de la democracia.
Habrá que esperar a conocer las propuestas concretas que se plasmen en el proyecto de iniciativa presidencial, para entender y valorar qué es lo que el poder pretende -mas allá del discurso político- cuando dice que quiere fortalecer la democracia participativa.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
