En México nos hemos acostumbrado, casi sin darnos cuenta, a escuchar que ciertas tragedias “son el costo” de un proyecto político. Que la violencia, la pobreza, el abandono o incluso la muerte se justifican cuando se trata de cumplir “la causa”. Y esa frase es una de las ideas más peligrosas que puede sembrarse en cualquier sociedad.
La historia nos enseña que cuando un gobierno declara que su causa vale más que la vida de las personas, lo que sigue nunca es bueno. Ningún ideal, ninguna ideología, ningún proyecto merece que un ciudadano sea sacrificado en su nombre. Esa es la raíz del pensamiento totalitario: volver a la gente prescindible.
En México esa lógica se ha ido filtrando con más naturalidad de la que quisiéramos admitir. Desde la llegada al poder de AMLO, el discurso oficial ha repetido que el país vive una “transformación histórica” que exige lealtad absoluta. Y que cualquier crítica, advertencia o señal de alarma es un ataque a la causa. Esa idea ha justificado silencios, abusos, desastres y decisiones que han costado vidas.
No son conceptos abstractos. Son historias reales. Son cifras que duelen. Son rostros que ya no están.
Durante la pandemia, México acumuló alrededor de 800 mil muertes relacionadas con Covid-19. No todas pudieron evitarse, pero una gran parte sí: faltaron protocolos, faltaron pruebas, faltó información confiable y, sobre todo, faltó un sistema de salud con capacidad para responder. A eso se suman miles de personas con cáncer y otras enfermedades crónicas que no recibieron tratamientos porque el gobierno decidió “reordenar” compras, presupuestos y distribución. En nombre de la causa se dijo que el sistema estaba siendo “limpiado”, mientras miles morían.
A lo largo del sexenio también se eliminaron campañas de vacunación infantil que por décadas habían protegido a la población. En comunidades enteras, enfermedades que estaban virtualmente controladas comenzaron a reaparecer. Todo esto mientras la narrativa oficial insistía en que el país avanzaba hacia un bienestar superior.
Al mismo tiempo, el gobierno abrió la puerta, por omisión o complicidad, a que el crimen organizado creciera como nunca. Los números hablan solos: alrededor de 200 mil personas fueron asesinadas en seis años. 200 mil. Muchos de ellos jóvenes, trabajadores, niñas, niños, familias enteras atrapadas entre balas. ¿También esas vidas fueron el “costo” de la transformación?
A esto se suma una deuda pública que creció como no se había visto en décadas, destinada en buena parte a financiar programas sociales que, si bien ayudan a millones, también crearon una relación electoral de dependencia. Una clientela política sostenida con dinero público. Las obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería, el Aeropuerto de Santa Lucía, absorbieron miles de millones en sobrecostos y siguen necesitando subsidios gigantescos para operar. La ideología pesó más que la eficiencia.
Y ahora, otra vez, la realidad nos golpea. El tren interoceánico, uno de los proyectos estrella de la llamada Cuarta Transformación, descarriló en Oaxaca dejando 14 muertos. El mismo tren que se presentó como símbolo de progreso, supervisado incluso por uno de los hijos del expresidente. Desde hace años se hablaba en privado de corrupción en el suministro de materiales. Los audios filtrados lo confirmaban: había prisas, había arreglos, había dinero en movimiento. Y, aun así, la obra siguió adelante.
Hoy, catorce familias entienden de la manera más dolorosa lo que significa morir “por la causa”.
Porque eso es lo que pasa cuando un gobierno cree que su proyecto vale más que la gente. Cuando la vida humana se vuelve un daño colateral. Cuando la narrativa oficial exige obediencia ciega y convierte cualquier tragedia en un simple tropiezo en el camino hacia el “bien mayor”. Esa lógica es profundamente inmoral. No es de izquierda ni de derecha. No es filosófica ni ideológica. Es, simplemente, inhumana.
Desde un punto de vista ético, la vida de una persona nunca puede colocarse debajo de un proyecto político. Nunca. El Estado existe para proteger a quienes lo integran. No para justificar sus muertes. La dignidad individual debe ser siempre el límite infranqueable.
Desde una mirada existencialista, la idea de morir por una causa impuesta por alguien más es una forma de negar la libertad más básica: la de vivir una vida propia. Ningún gobierno, por muy transformador que se declare, tiene derecho a disponer de ellas como si fueran fichas en un tablero.
Lo que ocurrió en Oaxaca con el tren interoceánico no es un accidente aislado. Es el síntoma de una cultura política que entiende el poder como una especie de misión histórica que debe cumplirse “cueste lo que cueste”. Y esos costos siempre los pagan los mismos: los ciudadanos comunes.
