Este fin de semana reflexionaba con mis alumnos de la Maestría en Juicio de Amparo sobre la pérdida de dimensión que gran parte de los abogados hemos tenido de nuestras constituciones.
La formación tradicional que prepondera en las escuelas y facultades de Derecho tiene sus prioridades centradas en el abogado litigante.
Educan y entrenan abogados para defender en tribunales a los ciudadanos y sus intereses.
Por eso, el estereotipo del abogado se asocia con el Derecho Civil, Penal, Familiar y Mercantil. Y si no, veamos cómo está construida la competencia material de nuestros juzgados y tribunales.
Si a ello le aunamos que el tipo de amparo más socorrido y que más satura juzgados y tribunales federales es aquel que se dirige contra las sentencias y algunas resoluciones de los poderes judiciales locales, el cuadro queda completo.
Hay que reconocer que la mayor parte del “gremio” sobrelleva la vida litigando asuntos y cobrando, se gane o se pierda. Es un abogado ensimismado, encerrado en la lógica del mercado.
No estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo. Todas y todos, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar una profesión, lo hicimos con la idea de poder ganarnos el sustento.
Pero a diferencia del médico (que cura y salva vidas) o del arquitecto o ingeniero (que diseña y edifica), el abogado puede y —desde mi opinión— debe ir más allá.
Porque nadie como los abogados conocen la urdimbre de las reglas y las instituciones que hacen que esto que se llama México se mueva y, además, que se mueva en una dirección o en otra.
Y retomo mi idea inicial. Una de las primeras cosas que se nos enseñan como un dogma en cualquier escuela de Derecho, es que la Constitución es la norma suprema y que por encima de la Constitución no puede estar nada ni nadie.
Pero conforme avanzan los semestres y los años los únicos fragmentos de la Constitución que conservan relevancia son aquellos relacionados con los principios del debido proceso y las garantías de las personas que participan en los juicios, sobre todo, las del imputado en los procesos penales.
Es en las propias facultades donde la Constitución deja de ser lo que es y se convierte en norma suprema sólo para el litigio.
El Constitucionalista deviene en una especie de politólogo y sociólogo, capacitado solamente para entender y poder explicar en libros o en el aula la estructura y la realidad jurídica del Estado a través, fundamentalmente, de “poderes”, órdenes de gobierno y organismos autónomos.
En mi opinión, antes de civilistas, penalistas o cualquier otra cosa, todos los abogados deberíamos ser constitucionalistas, pero no para entender y poder explicar nuestra realidad política y gubernamental, sino para transformarla cuando así sea preciso.
Antes de estar listos para ganar los juicios de las personas, debíamos estar aptos para ganar colegiadamente el gran juicio llamado “México”, a través del dominio del Derecho Procesal Constitucional, que no es otra cosa que el conjunto de medios para defender la Constitución, que es a la vez el plano y la hoja de ruta de este barco llamado “México”.
Entender y dominar el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad —antes que los contratos, la dogmática penal o las instituciones de la familia— nos daría la garantía de que la república y la Democracia Constitucional, en cuyo seno se resuelven los conflictos que “nos dan de comer”, gozará de cabal salud.
Lo primero que un abogado así formado tendrá claro es la importancia de que sean abogados quienes se hagan cargo mayoritariamente de los gobiernos y los congresos.
Hay que invertir el orden de las prioridades en las facultades por un principio de lógica elemental: el todo es —cuando menos— la suma de sus partes.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
