A cuatro meses de la desaparición de Erick Jair Pérez Limón, ocurrida el 23 de junio, su familia no solo sigue sin respuestas, sino enfrentando una red de omisiones, amenazas y una justicia que parece más cercana a los agresores que a las víctimas. En una conferencia de prensa realizada este 22 de octubre en el centro de la ciudad de Oaxaca, sus familiares, acompañados por el abogado y activista Joaquín Galván, acusaron directamente a autoridades municipales, estatales y a grupos criminales locales de mantener impunidad en el caso.
FISCALÍA, OMISIÓN Y TARDE RESPUESTA
El comunicado oficial, titulado “Comunicado de Prensa IV. Caso: Erick Jair Pérez Limón”, exhibe con crudeza las fallas iniciales de las autoridades.
“Los tres primeros meses fueron responsables de que hoy Erick Jair no esté en casa”, denuncia el documento, señalando que desde la primera agresión denunciada por la víctima —en abril de 2025—, la Fiscalía no actuó con la debida diligencia.
Según los denunciantes, recién con la intervención personal del Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, el caso comenzó a mostrar algún avance. Entre los logros, destacan la detención de tres presuntos implicados: E.A.M.L., alias “El Talibán”; C.M.L.M., “El Mezcalero”; y U.F.C.R., “El Chupón”, todos vinculados a extorsiones, narcomenudeo y otros delitos en San Agustín de las Juntas.
POLICÍAS Y FUNCIONARIOS: ¿PROTECTORES O CÓMPLICES?
Una de las acusaciones más graves es contra elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, señalados por haber entregado a Erick Jair a sus agresores el 16 de abril, meses antes de su desaparición.
“Fue torturado y tirado en el basurero del municipio”, acusa el comunicado. Hasta la fecha, ningún policía ha sido detenido ni vinculado a proceso.
Joaquín Galván, abogado de la familia y defensor de derechos humanos, afirmó:
“Estamos denunciando esta grave complicidad entre autoridades municipales y grupos criminales para generar agresiones contra personas del mismo municipio. Esto es gravísimo”.
LA RED DE VIOLENCIA EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS
San Agustín de las Juntas ha sido identificado como el epicentro de una red delictiva protegida por autoridades locales.
“El Talibán” —uno de los detenidos— es descrito como un personaje “violento y vinculado a sindicatos agresivos, préstamos gota a gota, extorsión y narcomenudeo”.
La red, según los denunciantes, incluye a empresarios como “El Mezcalero” y funcionarios municipales, hasta llegar al presidente municipal, Daniel Hipólito Aquino Torres.
“Está escondiendo a un involucrado con orden de aprehensión, con quien además mantiene lazos consanguíneos”, asegura el comunicado, subrayando el uso de patrullas oficiales del municipio para fines criminales.
EL PRÓFUGO GASPAR N. Y LA FALTA DE INTELIGENCIA
El principal sospechoso de la desaparición de Erick, identificado como Gaspar N., continúa prófugo. La familia sostiene que solo las labores de inteligencia podrían llevar a su detención, pero desconfían de la capacidad técnica de la Fiscalía. Solicitan la intervención federal, específicamente del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, para agilizar las investigaciones.
“La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no ha asumido con seriedad su seguridad”, denunció Joaquín Galván, refiriéndose al padre de Erick, don Julián. “Responsabilizo al secretario de Seguridad Pública de Oaxaca de la vida de don Julián”, agregó.
JUSTICIA SELECTIVA Y RIESGOS LATENTES
Tanto el abogado como la familia reconocen que el caso avanza, pero a cuentagotas, y que el peligro es constante.
“Cada uno de los que estamos aquí corremos el mismo riesgo de ser agredidos o desaparecidos”, advirtieron. La impunidad de los grupos detenidos y la ausencia de sanciones a policías o autoridades alimentan un entorno de amenazas directas e indirectas.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha sido señalada por su pasividad. A pesar de haberse hecho cargo de la carpeta por la agresión de abril, no ha procesado a ninguno de los policías implicados. “Parece que esperan que todo el trabajo de investigación lo hagamos nosotros”, lamenta la familia.
EXIGENCIAS FRENTE A UN ESTADO AUSENTE
Entre las demandas concretas, la familia de Erick Jair exige:
- A la Fiscalía General del Estado: acelerar las labores de inteligencia, ejecutar cateos y análisis de datos para localizar a Gaspar N.
- A la Fiscalía Anticorrupción: judicializar las carpetas contra policías y funcionarios involucrados.
- A la Secretaría de Seguridad Pública: otorgar protección completa a la familia de Erick Jair.
- Al Gobierno Federal: intervenir con labores de inteligencia y tomar medidas frente al nexo entre autoridades de San Agustín de las Juntas y el crimen organizado.
El grito que cierra el comunicado es contundente:
“¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”
UNA LLAMADA A LA JUSTICIA QUE NO PUEDE IGNORARSE
El caso de Erick Jair Pérez Limón no es solo una desaparición más. Es el reflejo de un entramado de corrupción, violencia y desprotección institucional. Cuatro meses han pasado sin saber de él, mientras los responsables —en mayor o menor grado— permanecen en funciones, protegidos por el silencio o la omisión. La justicia, en Oaxaca, aún le debe respuestas a Erick, a su familia y a toda una comunidad sometida.
