• Una Reelección
• Por más Recursos
Aunque aún faltan dos años para la sucesión en Oaxaca, el escenario político comienza a tomar forma con aspirantes que desde distintos frentes, buscan posicionarse rumbo a la contienda de 2027. En distintos partidos y sectores políticos se empiezan a mover piezas, con aspirantes que buscan colocarse en la primera fila de la sucesión.
En Morena, partido que hoy concentra el poder en la entidad, ya se perfilan figuras con trayectoria y cercanía al actual grupo gobernante. Legisladores, presidentes municipales y cuadros de la administración estatal mueven discretamente sus piezas, conscientes de que la candidatura será definida bajo los lineamientos del movimiento lopezobradorista y con el visto bueno de la dirigencia nacional.
A la par, surgen voces desde la sociedad civil, académicos y organizaciones comunitarias que exigen que el próximo gobierno responda a los problemas históricos de la entidad: pobreza, desigualdad, corrupción y violencia. Estos sectores insisten en que la sucesión de 2027 no puede reducirse a una pugna de cúpulas partidistas.
Por eso crece la posibilidad de que surjan candidaturas ciudadanas o respaldadas por organizaciones sociales, un fenómeno cada vez más presente en Oaxaca, donde la gente reclama gobiernos sensibles a los problemas de marginación, inseguridad y falta de oportunidades.
Sin duda, la antesala electoral en Oaxaca se anticipa marcada por la disputa interna en Morena, la supervivencia de la oposición y la presión social por un cambio que atienda los rezagos que siguen presentes. Un escenario donde Morena enfrenta un dilema: o logra unificar a sus cuadros o corre el riesgo de reproducir las fracturas que en 2018 y 2022 estuvieron a punto de dividir al partido. La definición de la candidatura será un pulso entre la voluntad de la dirigencia nacional y los intereses del grupo gobernante en Oaxaca.
… A VUELO DE PÁJARO
Tal parece que el presidente municipal de San Pablo Coatlán, Abraham López Martínez ya se encariñó con el poder, lo acusan de modificar la convocatoria para la próxima elección, pues busca reelegirse por quinta vez consecutiva. Los habitantes que lo acusan sostienen que si bien la elección se realiza en octubre con un padrón electoral aproximado de 2 mil 600 ciudadanos, la ambición es el manejo anual de más de 20 millones de pesos de recursos federales. Los inconformes piden al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que la elección de la nueva autoridad se lleve a cabo con base a la lista nominal. También lo acusan de promover la resistencia en contra de la construcción de la Súper Carretera a la Costa y obligar al gobierno a otorgarles concesiones para prestar el servicio de transporte.
Recursos
Ante la necesidad de contar con más recursos para que continúen los programas sociales, el diputado federal de Morena, Carol Antonio Altamirano, quien fue nominado por el grupo mayoritario de Morena para ocupar la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, apuntó: “Tenemos claridad en que si bien hay un manejo responsable de la economía (y) nos ha ido bien, es importante que el país tenga recursos, pero siempre y cuando se ayude a la economía”. Ha sido cuatro veces diputado federal, dedicado a los temas de finanzas públicas en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, consideró que “si bien el SAT ha hecho muy bien su trabajo, todavía hay un margen que yo creo que en este paquete se va a reflejar en más recaudación”.
Olvidados
Ante la indiferencia de la DDHPO, la organización ASER-LITIGIO denunció que dos mujeres mixes y el hijo menor de una ellas fueron encarceladas por exigir sus derechos agrarios en los separos municipales de la comunidad de San Miguel Quetzaltepec. Relató que la privación de la libertad se realizó con violencia por órdenes del Síndico Municipal y el Alcalde Único del ayuntamiento, y que busca forzarlas a renunciar a la defensa de sus derechos agrarios, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos, a la autonomía indígena y al derecho a la libre expresión. Las dos mujeres y el menor indígenas mixes llevaban varias horas privadas de la libertad y una de ellas presenta una herida en el pie ocasionada durante la detención.
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