Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, condenó la falta de capacidad gubernamental para frenar los feminicidios ocurridos a lo largo de 2017 y demandó sanción o destitución de los servidores públicos que no han dado resultados.
La organización de la sociedad civil creó una plataforma virtual para la documentación de violencia feminicida en el estado, dado que hasta el momento se han registrado 120 feminicidios en Oaxaca.
Cuestionaron la impunidad, la corrupción y la incompetencia de una Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, creada como elefante blanco en la presente administración y que actualmente encabeza Mariuma Munira Vadillo Bravo.
También lamentaron la falta de resultados de los funcionarios públicos que tienen a cargo la procuración de justicia, como es el caso de la fiscal Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
“Las organizaciones de la sociedad civil realizamos acciones que buscan alertar y denunciar las deficiencias de un estado que no ha sabido actuar con contundencia ante la creciente ola de violencia contra las mujeres, que advertimos, puede seguir creciendo”, señalaron.
Indicaron que el haber convertido la Vice Fiscalia en una fiscalía ha sido un grave retroceso que impacta claramente en perjuicio de las mujeres, alegando incompetencia en diversos casos.
Urgieron al poder Judicial del estado no dilatar la emisión de órdenes de captura o de aprehensión contra los agresores, así como incorporar de manera inmediata la perspectiva de género en su actuación, agilizar la emisión de sentencias condenatorias y destituir a los administradores de justicia que operen sin perspectiva de género.
Demandaron al Congreso del estado a citar a comparecer a cada una de los funcionarios que están involucrados en la materia; asimismo, dirigir comunicación a las instancias federales para que informen sobre la causa de la dilación para la emisión de la Alerta de Género en Oaxaca.
“Exigimos mecanismos de sanción a los servidores públicos que impidan una adecuada atención a las víctimas y que permitan la construcción de una ruta de impunidad que impida la sanción a los responsables”, externaron.
La violencia feminicida va en aumento acelerado y el gobierno no da certeza de tener capacidad ni voluntad política para actuar en consecuencia, expresaron.
De acuerdo con el INEGI, entre 2014 y 2016, Oaxaca se ubicó entre las 11 entidades con los más altos índices de muertes violentas contra mujeres en México.
En nuestro estado, son los Valles Centrales la región en donde se comete el mayor número de feminicidios, 32 durante el primer año de Murat; seguido del Istmo en donde se cometieron 24 y de la Costa, en donde se contabilizaron 20.
En 56 por ciento de los feminicidios, las mujeres fueron asesinadas a balazos, lo que nos hace preguntarnos ¿de dónde se sacan las armas? ¿qué control tiene el estado sobre este fenómeno del tráfico y portación ilegal?, cuestionaron.
Resulta evidente que en la práctica, las autoridades son omisas e ineficaces para impulsar una política pública integral que evite que la espiral de violencia contra las mujeres siga creciendo.
La falta de voluntad y capacidad para investigarlos como feminicidios arroja cifras muy por debajo de los reales, comentaron.
