• Siguen Feminicidios
• Obras Costosas
Desde diciembre de 2024, trabajadores del Gobierno del Estado fueron despedidos por presuntas irregularidades en su contratación, y tras una larga lucha de protestas y acciones legales por parte de los afectados, los 677 agraviados podrán regresar a sus labores. Tras meses de negociaciones y presión sindical, lograron recuperar sus bases laborales, muchas de las cuales habían sido canceladas o suspendidas.
Para los trabajadores, es un triunfo de la unidad sindical y del respeto a la ley, pues sus compañeros regresarán con todas sus garantías y se debe a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ante la supresión de plazas de los trabajadores al servicio del Estado, cuando acrediten que realizaban funciones de base, tienen derecho a obtener la indemnización constitucional y legal o a que se les otorgue el nombramiento en una plaza equivalente a la suprimida.
Sin embargo, detrás de este anuncio persisten dudas sobre el costo económico y el trasfondo político de la medida. Hoy se advierte que el regreso de estas bases podría representar una pesada carga presupuestal para el estado, que arrastra déficits financieros y enfrenta demandas sociales urgentes en infraestructura, salud y educación.
Los sindicalistas celebran esta decisión como una “victoria laboral”, pero voces críticas señalan que el proceso estuvo marcado por presiones políticas y que el beneficio podría concentrarse en grupos privilegiados dentro de la burocracia, en lugar de atender las necesidades de trabajadores con contratos eventuales y bajos salarios.
Este acuerdo, que llega a mitad de la actual administración estatal, se interpreta como un intento del gobierno por evitar mayores conflictos laborales en un año previo a elecciones, lo que refuerza la percepción de que las negociaciones sindicales en Oaxaca continúan estando fuertemente influenciadas por intereses políticos.
… A VUELO DE PÁJARO
Con un llamado a la Fiscalía General de Oaxaca a investigar y detener a los responsables intelectuales de la masacre en el Paraje El Limar en San Sebastián Coatlán, militantes de diferentes organizaciones exigieron que los lamentables sucesos no queden en la impunidad. Los hechos ocurrieron durante una asamblea sobre la construcción de un entronque carretero de la autopista Barranca Larga – Ventanilla, a la cual concurrieron comuneros de San Sebastián Coatlán y San Francisco Coatlán, estos últimos presuntos responsables de la agresión que costó la vida a Eutiquio Loaeza Jiménez, Javier Jiménez Pérez, Adrián Jiménez, Vidal Ruiz e Israel Pérez Hernández.
Femicidios
En lo que va del año se han registrado 52 muertes violentas de mujeres, cifra en la que la región del Istmo de Tehuantepec se posicionó como la región con mayor incidencia con el 29 por ciento de los casos. Entre el 1 de diciembre de 2022 y el 14 de agosto de 2025, en Oaxaca han sido asesinadas al menos 256 mujeres, según el registro hemerográfico del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer), que establece que el 65 por ciento de las muertes fue ocasionada por disparos de armas de fuego. El aumento de estos asesinatos es el reflejo de “nuestro contexto social, donde la impunidad y la falta de acción institucional permiten que la violencia sea una constante en Oaxaca”.
Paso Ancho
Tal parece que las grandes obras en Oaxaca están malditas. Las carreteras al Istmo y la Costa se ejecutaron con recursos multimillonarios y en varios años, para que sigan exhibiendo la mala calidad de los trabajos. Hoy en el inicio del proceso de licitación para la construcción de la presa Paso Ancho, renombrada como “Margarita Maza”, ya incrementó su costo en más de dos mil millones de pesos. El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, advierten que “las omisiones y aparentes contradicciones entre el gobierno federal y el estatal dan amplio sustento a más dudas y suspicacias”.
Carencias
De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) a partir de los datos de la ENIGH, en 2024 el 37.1% de las niñas y niños de 0 a 5 años en condición de pobreza extrema por ingresos presenta rezago educativo, mientras que a nivel nacional, para este mismo grupo de edad, es de 11.5%. En términos de la carencia de acceso a los servicios de salud, el porcentaje para las niñas y niños de 0 a 5 años en condición de pobreza extrema por ingresos resulta de prácticamente el doble en comparación con el dato nacional para el mismo grupo de edad, 73.5 % y 37.7 %, respectivamente.
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