La tensión por un conflicto agrario entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca, volvió a escalar este lunes tras una agresión armada que dejó dos personas heridas y chozas abandonadas incendiadas en los límites de ambas comunidades.
Los hechos ocurrieron en la zona de Buenavista, perteneciente a Yosondúa. Donde, según testigos locales, un grupo de personas habría ingresado de manera violenta, causando momentos de tensión que incluyeron la retención momentánea de tres mujeres.
Aunque el Gobierno del Estado de Oaxaca minimizó la magnitud del incidente —negando la retención de personas y calificando las estructuras incendiadas como “chozas deshabitadas”—, la preocupación crece entre habitantes. Quienes denuncian una creciente militarización comunitaria y falta de intervención efectiva.
SEÑALAN A EXDELEGADO DE GOBIERNO COMO ASESOR DE GRUPO ARMADO
De forma extraoficial, distintas fuentes señalan al exdelegado de Gobierno Fidel M. S.. Como presunto operador político y asesor informal de actores involucrados en el conflicto por tierras.
Fidel, quien ocupó cargos en los gobiernos de Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, presuntamente mantiene vínculos activos con líderes de Yosondúa. Dicha comunidad disputa con Yolotepec un extenso predio de aproximadamente mil 600 hectáreas.
En videos que circulan en redes sociales, se observa a un hombre armado presuntamente vinculado a una institución educativa, disparando a distancia contra un grupo de personas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha iniciado investigaciones, tanto por el incidente en sí como por la posible implicación de actores políticos y armados.
ANTECEDENTES AGRAVAN LA SOSPECHA
El nombre de Fidel Mayrén ha estado vinculado en el pasado a otros episodios de tensión territorial, incluyendo señalamientos en Santo Domingo Ixcatlán. Donde se le ha acusado públicamente de intentar intervenir en la posesión de un manantial comunitario, pese a la existencia de una sentencia a favor de los comuneros desde 1998.
También se le relaciona, por cercanía política, con Fredy Eucario M. A., exautoridad señalada por su presunta participación en los asesinatos de tres comuneros en 2008, durante una escalada de violencia interna en Ixcatlán. Si bien las responsabilidades penales en estos casos no han sido resueltas judicialmente, los vínculos entre actores políticos y conflictos comunales han generado preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
LITIGIOS LEGALES Y ARMAMENTO: UNA MEZCLA PELIGROSA
El conflicto entre Yolotepec y Yosondúa tiene una base legal: un tribunal agrario reconoció la posesión de las tierras a Yolotepec, pero autoridades de Yosondúa afirman haber obtenido un amparo federal, lo que mantiene el litigio activo.
Sin embargo, lo que debiera resolverse en tribunales, está escalando peligrosamente hacia enfrentamientos armados. Donde la presencia de grupos organizados, civiles armados y posibles operadores políticos complica aún más el panorama.
AUTORIDADES LOCALES EXIGEN INTERVENCIÓN URGENTE
En medio del clima de tensión, el presidente municipal de Yosondúa, Cristino Ramírez Chávez, emitió un oficio urgente dirigido al secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López. Con la intención de denunciar los hechos y pedir presencia inmediata de fuerzas estatales y federales.
Mientras tanto, la comunidad de Yolotepec exige garantías de seguridad, señalando que el ataque fue un intento directo de desalojo y provocación en un territorio que, aseguran, ya les fue legalmente reconocido.
UNA VIOLENCIA QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
Aunque las investigaciones apenas comienzan, la sombra de viejas estructuras de poder y control territorial vuelve a cernirse sobre la Mixteca oaxaqueña. La violencia por la tierra, en esta región, no es un asunto aislado ni nuevo. Lo que cambia son los rostros, los métodos y la tolerancia institucional.
Mientras los gobiernos estatales optan por comunicados tibios y la Fiscalía avanza lentamente, las comunidades viven con miedo y sin claridad sobre cuándo —y cómo— podrá garantizarse la paz.
