En México, al menos un periodista es denunciado judicialmente cada tres semanas, revelan organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes advierten sobre el creciente uso del sistema legal como una forma de intimidación y censura hacia el ejercicio periodístico.
De acuerdo con cifras recopiladas por Artículo 19, en 2023 se documentaron más de 560 agresiones contra la prensa, incluyendo amenazas, campañas de desprestigio, ataques digitales y demandas por difamación o calumnia. En el caso de los procesos judiciales, se registraron más de 15 casos documentados solo el año pasado, sin contar los que no se hacen públicos por miedo a represalias.
“La judicialización del periodismo es una forma moderna de silenciar a quienes investigan temas incómodos, como corrupción o abuso de poder”, señaló Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, al presentar su más reciente informe.
Los datos muestran que los actores estatales —funcionarios, autoridades municipales o fuerzas de seguridad— son responsables de más del 40% de las agresiones a periodistas. A esto se suma un entorno de impunidad y la falta de garantías legales para ejercer la profesión, especialmente en regiones como Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
En el estado de Oaxaca, organizaciones locales como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) han documentado varios casos de hostigamiento legal, intimidación y vigilancia contra periodistas comunitarios y defensores de derechos humanos.
El caso más reciente involucra a un periodista que enfrenta una demanda por “daño moral”, interpuesta por una autoridad municipal, tras publicar reportajes sobre desvío de recursos. Para organismos defensores, este tipo de acciones busca desalentar la investigación y restringir la libertad de expresión, aprovechando vacíos legales o figuras ambiguas en los códigos civiles.
“Se trata de censura disfrazada de legalidad”, concluyen expertos, quienes urgen una reforma legal para evitar el uso indebido del derecho civil contra periodistas.
