La madrugada de este viernes en El Espinal no comenzó con el mugido del ganado ni con el aroma del campo húmedo. Comenzó con el eco de un grito colectivo:
“¡Basta de corrupción, de impunidad y de burlarse del pueblo trabajador!”.
Así, un grupo nutrido de ganaderos tomó las inmediaciones del Canal 33, cerrando el paso con tractores, animales y pancartas. La razón: la liberación rápida de tres sujetos detenidos en flagrancia mientras transportaban ganado robado.
Y no se trató de un simple arresto. Las autoridades detuvieron a los sujetos con tres reses, un arma de fuego, facturas falsas y 78 mil pesos en efectivo. Pruebas, según los manifestantes, “suficientes, claras y contundentes”. Sin embargo, el resultado del proceso fue insólito: los acusados quedaron en libertad por “falta de elementos”.
ACUSACIONES GRAVES: “¡LAS PRUEBAS FUERON DESAPARECIDAS!”
En el epicentro de la ira ciudadana está el nombre de un funcionario: Gabriel M. G., agente del Ministerio Público, acusado por los ganaderos de haber manipulado el caso de forma descarada. Las denuncias apuntan a que el funcionario desapareció las pruebas clave: el dinero, el arma y los documentos apócrifos. Gracias a ello, el juez de la causa no encontró fundamentos suficientes y liberó a los presuntos abigeos.
“¿Más pruebas quieren? ¡Los agarraron con el ganado robado, con el arma, con el dinero y las facturas falsas! ¿Qué más necesita la Fiscalía para hacer su trabajo? ¿O acaso su trabajo es proteger a los delincuentes?”, reclamó uno de los líderes del bloqueo, visiblemente molesto.
SILENCIO OFICIAL Y UN PUEBLO EN PIE DE LUCHA
Hasta la tarde del mismo día, ninguna autoridad estatal o federal se había acercado al lugar del bloqueo. Esta indiferencia institucional no solo encendió más la mecha del descontento: la transformó en rabia organizada. Algunos ganaderos declararon que no levantarán el bloqueo “hasta que rueden cabezas”, comenzando por la del funcionario implicado.
Exigen tres cosas concretas:
- Destitución inmediata de Gabriel Medina Gálvez.
- Investigación y castigo a quienes intervinieron para favorecer a los acusados.
- Procesamiento real contra los implicados en el robo de ganado.
Y es que, aseguran, estos hombres no son primerizos.
“Ya los habíamos denunciado. Siempre se escapan. Siempre hay alguien que los protege. Esta vez los atraparon con todo… ¿y aun así los liberan? Esto ya no es justicia, es complicidad”, gritó otro manifestante.
LA CORRUPCIÓN QUE DESANGRA AL CAMPO
De confirmarse los hechos, lo que ocurre en El Espinal expone una realidad crónica y peligrosa: la corrupción institucional en el sistema de justicia mexicano, particularmente en las fiscalías regionales. El abigeato, un delito que despoja a los productores de su sustento, no solo está en auge, sino que goza de impunidad cuando hay intereses oscuros de por medio.
El mensaje de los ganaderos no es menor.
“Si la justicia no funciona para proteger al pueblo, entonces el pueblo se encargará de defenderse”, advierten.
Y si esta frase no pone en alerta a las autoridades, poco lo hará.
UN CASO QUE PUEDE MARCAR UN ANTES Y UN DESPUÉS
Lo ocurrido en El Espinal podría quedar como una anécdota más de la fallida procuración de justicia en México. O, por el contrario, puede convertirse en un parteaguas: el momento en que el hartazgo del campo finalmente hable con fuerza, y no desde el Congreso ni desde los escritorios de ciudad, sino desde las carreteras bloqueadas, las voces alzadas y la exigencia colectiva de dignidad y legalidad.
Sin embargo, para los ganaderos afectados, este no es solo un caso de robo de ganado. Es un retrato de la impunidad institucionalizada. Y la pregunta ya no es si la Fiscalía hará su trabajo. La pregunta es: ¿quién protege a los que protegen a los delincuentes?
