La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Ley de Inteligencia recientemente aprobada no tiene como objetivo espiar a la ciudadanía, sino fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar delitos de alto impacto.
Durante una conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que el uso de datos biométricos, registros bancarios, telefónicos, de vehículos y propiedades servirá exclusivamente para investigaciones judiciales, sin fines de vigilancia política.
“No se trata de espionaje, se trata de inteligencia para la seguridad. La información que se recabe será utilizada por instancias legales y en procesos judiciales. No es para perseguir a nadie que piense diferente”, expresó Sheinbaum.
La iniciativa, impulsada por su gobierno y aprobada esta semana por el Congreso de la Unión, contempla el uso de una Plataforma Nacional de Inteligencia Criminal que permitirá a las autoridades acceder a diversos registros oficiales. Entre ellos destacan huellas dactilares, fotos, firmas, cuentas bancarias y registros vehiculares, sin necesidad de orden judicial previa.
Preocupaciones por la privacidad
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19 y diversos colectivos ciudadanos han advertido sobre el riesgo de que esta norma pueda derivar en vigilancia masiva y violaciones al derecho a la privacidad.
En respuesta, Sheinbaum reiteró que habrá mecanismos de control, y que el acceso a la información será regulado estrictamente por las instancias responsables del sistema de seguridad pública.
¿Qué busca la nueva ley?
La presidenta explicó que esta herramienta legal tiene como propósito reforzar las investigaciones contra el crimen organizado, mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como facilitar la judicialización de casos mediante evidencia técnica sólida.
Además, recordó que el sistema permitirá agilizar la localización de personas desaparecidas, rastrear bienes y detectar redes delictivas con mayor eficacia.
No obstante, colectivos de búsqueda y víctimas de desaparición han manifestado su rechazo, al considerar que se trata de una medida que puede concentrar demasiado poder sin garantías claras de supervisión.
Debate abierto
El tema ha abierto un amplio debate nacional. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como un paso necesario para la seguridad del país, voces críticas exigen mayor transparencia, controles judiciales y respeto pleno a los derechos humanos.
“Una cosa es la inteligencia para la seguridad y otra muy distinta es el espionaje ilegal”, concluyó Sheinbaum, insistiendo en que su gobierno no replicará prácticas del pasado.
