ES JUCHITÁN la que en estos momentos está en el ojo del huracán, tras la intervención a esas tierras de la Fiscalía Estatal (vaya), de la Marina, de la Sedena y de la Guardia Nacional cuyo objetivo es la detención de los operadores de “El Cromo”, un sujeto detenido a mediados del año pasado, presuntamente vinculado a un poderoso cártel que opera in situ.
DE ACUERDO con los trascendidos, el operativo Sable (le calificaron como la versión local del operativo enjambre) buscaría deshacer la simbiosis crimen organizado-policía municipal, que presuntamente existe en el municipio, gobernado por Miguel Sánchez Altamirano, de morena. Hay detenidos, armas y equipo confiscados además de, en un primer momento, quitar al Ayuntamiento el control de sus instalaciones policíacas, las organizaciones belicosas cierran filas en torno al edil.
SÁNCHEZ ALTAMIRANO está por segunda vez en el cargo, curiosamente, llegó a la presidencia municipal a suplir a EMILIO MONTERO, hoy flamante director del IEEPO, cuando este último dejó el cargo para integrarse al gabinete jarista, es decir, hay una línea muy directa y cercana en estos actores “políticos”.
JUCHITÁN siempre ha sido tierra de nadie, fue de los primeros municipios que perdió el otrora hegemónico PRI a manos de la COCEI; donde el uso de la fuerza ha sido clave para el dominio político, siempre ha imperado el gobierno del más fuerte, no el de la ley, lo que ha ahuyentado a las grandes inversiones y ha impedido el despegue económico de Juchitán y de toda la región en general.
Es del dominio popular que la COCEI no solo extorsionaba y recibía dinero del gobierno y de presuntos grupos criminales (les llegaba, comentan los que saben, vía Antonio Toledo Corro, quien fuera secretario de Reforma Agraria y gobernador de Sinaloa, a éste por cierto, siempre se le relacionó con el narco) mismos que, siempre han buscado poder político e impunidad.
QUIÉN no recuerda la extorsión de que son objeto las empresas en la región cuando despiden a un empleado (por robo, por negligencia, por cualquier causa justificada) las organizaciones sociales siempre llegan a exigir desmesuradas liquidaciones, toman instalaciones de empresas y ante la nula intervención de las autoridades, la experiencia es que las empresas afectadas terminan por salir del Istmo o se reservan las posibilidades de crecer.
FUE EN JUCHITÁN donde la fuerza de los sindicatos u organizaciones sociales obtuvieron TAL patente de corso que, si en algún momento un taxista afiliado a una organización de esas belicosas chocaba (cosa que hoy YA ocurre en Oaxaca) y tenía la culpa, no solo se sacudía la responsabilidad, si no que obligaba a la contraparte afectada a pagarle los daños en efectivo y en el momento.
EN ALGUNA ocasión me tocó ver uno de esos accidentes; el desafortunado conductor con el que chocó el belicoso taxista, pidió tiempo: -llamaré a mi seguro decía – aquí nada de seguro, o me das 5 mil pesos o te destrozamos e incendiamos tu coche – Eran las palabras con que amenazaba el taxista, ya en ese momento rodeado de miembros de su gremio, al participante del accidente.
CLARO que la gente pagaba y cuando no lo hacían, adiós a sus unidades y ¿ante qué autoridad acudían? Ante nadie, esas arbitrariedades contaban con la permisividad del gobierno y sus autoridades locales.
EL BRINCO de ese sometimiento de la población a la arbitrariedad de las organizaciones pronto mutó a cargos políticos, ya en la Secretaría de Gobierno, ya en el IEEPO, ya en posiciones legislativas y demás, pero justo ahora en que coronarían su poder con el control del Corredor Transístmico, el poder del Estado los embiste por presiones norteamericanas, pronto veremos qué tan librados salen o qué tanto los aplastan. Se les ve nerviosos, evasivos, pensativos. Toman agua, en lugar de responder preguntas, caminan con objeto de escabullirse.
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