• Paliativos
• Zozobra
A “cuenta gotas” se van conociendo la podredumbre al interior de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza. Uno de los detenidos es N.H.B., quien era director del Centro de Control (C2), acusado del delito contra la Seguridad Pública, pues las imágenes de video del sistema de monitoreo público se transmitían en espejo a personas no autorizadas. Consecuencia de los hechos, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, se vio obligado a desmentir al presidente municipal juchiteco, Miguel Sánchez Altamirano, quien aseguró que el mando de la seguridad pública fue devuelta al municipio por las autoridades federales y estatales.
En distintas regiones de México, el crimen organizado ha logrado infiltrar a las corporaciones de seguridad pública municipal, debilitando el estado de derecho y profundizando la desconfianza ciudadana. La falta de controles adecuados, los bajos salarios y la ausencia de seguimiento institucional han permitido que grupos delictivos recluten o corrompan a elementos de las policías municipales, utilizándolos para fines ilícitos como protección de actividades criminales, filtración de información estratégica o incluso participación directa en delitos.
La infiltración criminal no solo afecta la eficacia de los operativos de seguridad, sino que genera una grave crisis de legitimidad. En muchos municipios, los ciudadanos ya no confían en sus policías, pues han sido testigos de su complicidad con delincuentes o, en el peor de los casos, víctimas directas de extorsiones, secuestros o ejecuciones perpetradas por elementos uniformados.
Los vínculos entre policías locales y grupos delictivos han sido documentados por organismos de derechos humanos, medios de comunicación y hasta por instancias federales. Uno de los principales factores que facilita esta infiltración es la falta de profesionalización. Muchos policías municipales carecen de formación, capacitación o certificación, lo que los convierte en blancos fáciles para el crimen. A ello se suma el abandono de los gobiernos estatales y federales, que han delegado la seguridad a municipios sin otorgarles recursos ni supervisión efectiva.
… A VUELO DE PÁJARO
Tras el anuncio del gobernador Salomón Jara Cruz de que los integrantes de su gabinete legal y ampliado se trasladarán a las comunidades afectadas por el huracán Erick, para brindar auxilio y atención, en comunidades de la Sierra Sur como Lachixao, Río Humo y Recibimiento de Cuauhtémoc, ya lo esperan. Tras la presencia del meteoro viven aislados y prácticamente abandonados. Al margen de la ayuda humanitaria, exigen la pavimentación de su carretera, una promesa histórica jamás cumplida. Confían que los funcionarios que lleguen a ir actúen con responsabilidad y no solo vayan por los viáticos.
Paliativos
Los decretos de aumento al salario de los trabajadores de la educación, el congelamiento de la edad de jubilación y de movilidad de centros de trabajo, son paliativos y superficiales para la Sección 22 de la CNTE. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum no convence al magisterio oaxaqueño al considerar que “no resuelven de fondo las demandas históricas del magisterio democrático”. Sin embargo, las aceptan y con ello aumentan sus logros y beneficios salariales y laborales que los colocan como un gremio privilegiado.
Incertidumbre
“Tambores de guerra” suenan en la región de la Mixteca tras la denuncia de habitantes de Guerrero Grande que personas y autoridades del municipio de San Esteban Atatlahuaca laboran con maquinaria pesada en el desmonte del paraje “Yoos Kivi”. Lo anterior pone en riesgo la paz social y anima la confrontación en la zona. En octubre de 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, mismo que constan en la Carpeta de Investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021. Los habitantes afirman que existe una situación de inseguridad para los beneficiarios de medidas cautelares.
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