La noche del viernes se tiñó de luto en el Valle Central de Oaxaca tras la muerte de Alberto V.M., un joven de 28 años, quien perdió la vida en un trágico accidente mientras conducía su motocicleta sobre la Carretera Federal 190, a la altura de San Pablo Villa de Mitla, en jurisdicción de Tlacolula de Matamoros.
El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando Alberto, empleado bancario y vecino del fraccionamiento Rancho Valle del Lago, circulaba a bordo de una motocicleta Honda tipo City, color blanco, con placas 0955J8 del estado. A la altura del kilómetro 41, en la localidad de Unión Zapata, perdió el control del vehículo y cayó violentamente a un canal de desagüe a un costado de la vía.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES: TARDE Y SIN CAMBIOS ESTRUCTURALES
Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y paramédicos, quienes solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales. La Cruz Roja también llegó minutos después, sin poder hacer más que constatar la muerte.
Como dicta el protocolo, el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Ministerio Público de Tlacolula de Matamoros se encargaron de levantar el cuerpo y abrir la carpeta de investigación por el delito de homicidio, sin que hasta ahora se señalen responsabilidades concretas ni acciones preventivas para evitar tragedias similares en el futuro.
UNA CARRETERA MORTAL: EL PRECIO DE LA OMISIÓN GUBERNAMENTAL
La Carretera Federal 190 es una arteria crucial para la movilidad regional, pero también ha sido escenario de innumerables accidentes, muchos de ellos fatales, como el de Alberto. El mal estado del pavimento, la falta de señalización, iluminación deficiente y la ausencia de dispositivos de contención —como guardarraíles o protecciones en tramos peligrosos— la han convertido en un verdadero riesgo cotidiano para motociclistas, ciclistas y peatones.
La falta de mantenimiento y planeación no solo es una omisión técnica; es una violación a los derechos humanos. En particular, al derecho a la vida, a la seguridad personal y a la movilidad segura. Estos derechos están consagrados en tratados internacionales firmados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y deberían traducirse en acciones estatales concretas.
SEGURIDAD VIAL: UNA DEUDA PENDIENTE CON LA JUVENTUD
Alberto tenía 28 años. Era trabajador, vivía en un fraccionamiento como cualquier otro joven que lucha día a día por salir adelante. Su muerte no debe considerarse un simple dato más en la estadística vial, sino un llamado urgente a repensar las políticas de infraestructura y movilidad desde un enfoque de derechos humanos y justicia social.
El acceso a una vialidad segura no debe depender del nivel económico, del tipo de vehículo que se conduce ni de la región del país en la que se vive. En un contexto como el oaxaqueño, donde los jóvenes utilizan motocicletas como una alternativa accesible de transporte, el Estado tiene la obligación ética y legal de garantizar su seguridad.
NO ES UN CASO AISLADO: ES UN SÍNTOMA DE UN SISTEMA ROTO
Lo ocurrido con Alberto V.M. debe movernos a cuestionar:
¿cuántas vidas más se perderán antes de que se tomen acciones efectivas? ¿Cuántos tramos mortales serán ignorados por las autoridades locales, estatales y federales? ¿Por qué sigue sin integrarse una política integral de movilidad que considere a todos los usuarios de la vía?
El derecho a la movilidad segura, digno y equitativo es tan importante como cualquier otro derecho social. No es un privilegio, es una necesidad y una exigencia.
