La desaparición de poderes señalada como “suspensión “del Ayuntamiento del Municipio de Zapotitlán Palmas, distrito de Huajuapan de León, en la región Mixteca, electo para el periodo constitucional 2023-2025 ha generado suspicacias y acusaciones como el presunto intentó de ocultar desvíos, violencia política de género contra la alcaldesa Inés Martínez Reyes, quien ejerce su mandato constitucional desde el 1 de enero de 2023 y que debe concluir el 31 de diciembre de 2025.
Apenas el martes, en una conferencia ofrecida en el zócalo capitalino, Martínez Reyes indicó que no fueron los ciudadanos de Zapotitlán Palmas quienes exigieron la desaparición de poderes en su municipio y afronta violencia política de género; el grupo que promovió la desaparición de poderes, indicó “busca quedarse al frente del ayuntamiento y apoderarse de los recursos de la localidad, además de que sus opositores tienen el apoyo de agentes externos que tratan de manipular a las autoridades estatales”, acusó.
El viernes por la tarde, en una sesión extraordinaria, virtual y por fast track, del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal, el Congreso del Estado declaró procedente con 35 votos a favor y cinco en contra la suspensión del ayuntamiento.
El congreso “coincidió” en la existencia de vacío de autoridad y de ingobernabilidad “que hacen imposible su funcionamiento”.
Al demandar que se evite la desaparición de poderes en esa comunidad Mixteca, la Red de Abogadas Indígenas (RAI) y la organización Consorcio exigieron evitar que se violenten los derechos políticos de las mujeres indígenas.
En un comunicado, señalaron que el respaldo del Congreso a tal dictamen implicará perpetuar la violencia política en razón de género que han ejercido el síndico municipal, José Longinos Martínez, y el regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos, en contra de la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, y las regidoras Elida López Martínez (de salud) y Gabriela Martínez Soriano, de Educación.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, las causas graves que motivan esta solicitud de disolución incluyen la imposibilidad de funcionamiento por la falta absoluta de la mayoría de sus integrantes; poner en riesgo la vida, salud, dignidad o la violación reiterada de los derechos humanos por parte del Ayuntamiento; conflictos frecuentes entre integrantes del municipio; la falta de comprobación o aplicación correcta de los recursos; entre otros.
Los diputados Dante Montaño Montero, Irma Pineda Santiago y Biaani Palomec Enríquez del Partido del Trabajo (PT); Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano y Concepción Rueda Gómez de Morena, votaron en contra. Las diputadas Cony Rueda Gómez y Alejandra García Morlan, de Morena y Movimiento Ciudadano, respectivamente, coincidieron que este hecho fue un ejercicio de violencia a los derechos políticos de la munícipe Inés Martínez Reyes.
En la conferencia de principios de semana Martínez Reyes indicó que “solo queremos terminar nuestro mandato en estos últimos meses, por eso pedimos al gobernador Salomón Jara Cruz y al Congreso del Estado, respetar la decisión del pueblo y evitar la desaparición de poderes”, señaló.
¿QUÉ SIGUE?
Legislativo deberá informar al Titular del Poder Ejecutivo, al Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, a los titulares de la Secretaría de Gobierno (Sego) y de Finanzas (Sefin), a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) de Oaxaca, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO) con copia certificada del Decreto para que procedan en los términos constitucionales y legales.
Por otro lado, con 40 votos a favor, el Pleno declaró procedente la revocación de mandato de los ciudadanos José Longinos Martínez y Damián Reyes Longinos, Síndico Municipal y Regidor de Hacienda respectivamente, ambos del municipio citado anteriormente, electos para el periodo constitucional 2023-2025.
El Congreso local deberá comunicar de inmediato al municipio, Sego, Sefin y la ASFE para los efectos procedentes.
La alcaldesa ha insistido en que se realice una auditoría para dar cuenta del uso de recursos y el destino de ellos.
