La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma tajante el plan del Partido Republicano en Estados Unidos de imponer un impuesto a las remesas enviadas por migrantes mexicanos. En un encendido discurso desde San Luis Potosí, la mandataria advirtió que, de ser necesario, su gobierno impulsará movilizaciones nacionales e internacionales contra la medida.
“Vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México”, declaró Sheinbaum.
Las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias mexicanas y un pilar económico nacional.
Un llamado a la diáspora mexicana
La presidenta también hizo un exhorto directo a los migrantes en EE. UU.:
“Hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá enviaran cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso”.
Sheinbaum aseguró haber transmitido su postura al propio Donald Trump, con quien sostuvo una conversación en días recientes.
“No estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos”, señaló.
De 5% a 3.5%: una “victoria parcial”
En medio de esta controversia, se registró una aparente victoria diplomática. Senadores mexicanos realizaron una gira por Washington D.C. para cabildear con sus contrapartes estadounidenses y frenar la aprobación del impuesto. Como resultado, el gravamen propuesto fue reducido del 5% al 3.5%, según informó el embajador de México en EE. UU., Esteban Moctezuma.
“Buenas noticias sobre el cargo a las remesas. El comité de reglas aprobó el paquete de reconciliación con una enmienda que incluye una reducción del impuesto…”, escribió el embajador en su cuenta de X.
Sin embargo, para muchos, esta “reducción” no es un triunfo, sino una concesión peligrosa que normaliza la imposición de tributos sobre recursos enviados por trabajadores migrantes que ya contribuyen a la economía estadounidense.
¿Recaudación o castigo?
De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2024 se alcanzó un nuevo récord en remesas: 64 mil 745 millones de dólares enviados desde EE. UU. De aplicarse el impuesto del 3.5%, el gobierno de Trump podría recaudar aproximadamente 2 mil 266 millones de dólares anualmente, en lo que muchos consideran una política regresiva que golpea a los sectores más vulnerables.
Analistas como Gabriela Siller, del Grupo Financiero Base, advierten que las políticas migratorias más duras ya están teniendo efecto: en marzo de 2025, las remesas cayeron 10.8%, sumando tres meses consecutivos de baja.
“El miedo a salir y ser deportado está disminuyendo el flujo de dinero”, explicó.
Una ley con múltiples caras
El proyecto de ley impulsado por los republicanos no se limita al impuesto a las remesas. Incluye también exenciones fiscales para quienes dan propinas, estímulos a la compra de vehículos fabricados en EE. UU., más fondos para vigilancia fronteriza y mayores restricciones a los programas de asistencia social.
Con la mira puesta en el 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, los republicanos en el Senado buscan que la iniciativa llegue al escritorio presidencial sin mayores alteraciones.
La política migratoria como campo de batalla
Esta propuesta vuelve a colocar a los migrantes como blanco político y fiscal. Bajo el argumento de “hacer pagar” a México por el control fronterizo, Trump retoma una vieja bandera de su primer mandato. Pero ahora, con la diferencia de que el capital político y económico de los migrantes mexicanos está más organizado y más vigilante.
Sheinbaum lo sabe. Su llamado a la movilización no solo busca frenar una medida concreta, sino posicionarse como defensora de la comunidad migrante. Pero también corre el riesgo de politizar aún más una relación bilateral que atraviesa por momentos delicados.
¿Justicia fiscal o castigo político?
El debate sobre el impuesto a las remesas revela tensiones profundas entre soberanía, migración y justicia económica. Mientras Estados Unidos justifica la medida como una forma de financiar políticas internas, México lo interpreta como un castigo indirecto a su gente más trabajadora y vulnerable.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno mexicano a llegar en defensa de sus migrantes? Y, del otro lado, ¿qué tanto está dispuesto EE. UU. a convertir al dinero de los migrantes en un botín político más?
