Con justicia y oportunidad, la Cámara de Diputados ha dado un paso importante. Aprobó por unanimidad una reforma largamente esperada: garantizar que los trabajadores que viven de propinas cuenten con un salario base no menor al mínimo legal. La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Haces, busca saldar una deuda histórica con quienes, desde restaurantes, hoteles o gasolineras, han sostenido su vida laboral en condiciones desiguales. Con esta reforma se busca reconocer a las propinas como lo que son: una gratificación voluntaria, no un sustituto del salario ni una excusa para evadir responsabilidades patronales.
En México, cerca de 1.7 millones de personas trabajan en sectores donde la retribución económica depende exclusivamente de las propinas. Según datos del INEGI y de la Secretaría del Trabajo, muchos de ellos no cuentan con un salario fijo ni con prestaciones básicas como el acceso a la seguridad social, servicios médicos, vacaciones o vivienda. Aunque algunos patrones ofrecen a sus trabajadores sueldos formales, la realidad es que no existe la misma garantía para todos.
La modificación aprobada establece de manera clara que las propinas son un ingreso complementario, pero no pueden constituir el salario del trabajador. La iniciativa propone que será obligación del empleador otorgar un sueldo base, que no podrá ser inferior al salario mínimo, además de respetar íntegramente el monto de las propinas que voluntariamente otorgue la clientela; es decir, el patrón no podrá quedarse con las propinas ni distribuirlas arbitrariamente; estas deberán entregarse directamente a los trabajadores que las hayan generado.
El impacto de esta medida no es menor. En cuanto sea aprobada por el Senado de la República y entre en vigor, trabajadores de restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos tendrán acceso formal a los sistemas de salud, a créditos de vivienda, a pensión y a otras prestaciones derivadas del trabajo formal, lo cual representa un avance real en la garantía del derecho al trabajo digno, consagrado en el artículo 123 constitucional.
Este tipo de legislación no es novedoso en el mundo. En países como España, las propinas están claramente diferenciadas del salario y se consideran una libertad del cliente que no exime al empleador de cumplir con todas sus obligaciones laborales. En Estados Unidos también existe un esquema similar al mexicano, donde se les paga el “salario mínimo a los trabajadores con propinas (2.13 dólares la hora a nivel federal), pero algunos estados como Washington y Minnesota han eliminado esa figura y obligan a los empleadores a pagar el salario íntegro, sin depender de la generosidad del consumidor. En Alemania o Francia, la propina ya viene incluida en la cuenta y el salario del trabajador está desvinculado de las propinas.
En el contexto de una sociedad que exige con razón que se legisle para el pueblo y no para las élites, también es justo decirlo cuando eso ocurre. Así como se ha criticado al Congreso sus actuaciones, como posponer la entrada en vigor de leyes importantes –por ejemplo, la que prohíbe su reelección–, hoy corresponde reconocer cuando se legisla en beneficio directo de los trabajadores, y se hace con responsabilidad y por unanimidad.
La Cámara de Diputados ha hecho su parte, ahora le toca al Senado de la República refrendar esta voluntad política y aprobar también esta reforma. No se trata de una concesión ni mucho menos, sino de cumplir con un principio básico: el trabajo debe estar acompañado de condiciones dignas, y que ningún trabajador en México deba depender únicamente del azar, del humor del cliente, o por un billete dejado en la mesa.
Es una reforma justa, oportuna y necesaria. Y por ello debe ser celebrada.
