“El País” dio cuenta de la existencia de un borrador de la Consejería Jurídica de la Presidencia que propone revertir la autonomía de las fiscalías en México.
Aunque las fiscalías nunca han sido autónomas (no es un secreto para nadie) la propuesta llama la atención.
En momentos en que se cuestiona si la reforma al sistema de justicia no debió empezar por las fiscalías, se filtran las intenciones de hacer que vuelvan a depender de la Presidencia de la República y los gobernadores de los estados.
Así sin más. Pasarán a ser nuevamente una secretaría más de los gabinetes bajo las órdenes directas de los titulares del poder ejecutivo, quienes tendrán además plena potestad de removerles en cualquier momento.
No sorprende. La verdad es que hoy todo puede pasar. La actual correlación de fuerzas y la hegemónica composición de nuestro sistema político dejan mucho margen para cualquier tipo de ocurrencias o medidas desesperadas.
Esperemos que esta no sea una de ellas que termine saliendo mal.
Pero ¿Qué puede salir peor? Realmente nada.
La mejora de la procuración de justicia no pasa por la autonomía. No en México.
Una mejora sustancial pasa por más ministerios públicos, más policías investigadores, mejor pagados y capacitados profesionalmente.
Si no se tocan esas fibras sensibles, todo cambió será para seguir igual.
Lo que sí cambiará será el discurso público. Se cargará más en favor de las fiscalías y más en contra de los “malos” jueces que no suplan la deficiencia en el trabajo de las fiscalías.
En la nueva comunicación política los jueces tendrán que trabajar para los fiscales y poco a poco regresaremos a los tiempos en que era preferible y hasta natural tener las cárceles llenas de inocentes.
Estamos viendo un nuevo inicio de la entronización de la presunción de culpabilidad.
Y es que habrá (por el nuevo diseño del sistema judicial) muy pocos jueces que resistan los embates de los fiscales, cuyas peticiones o exigencias serán ahora las de la Presidenta o los gobernadores.
Y ahí del juez que se atreva a decirle “no” a los dueños de la maquinaria.
Los jueces dejarán de juzgar y su trabajo será ahora convalidar las decisiones de los gobiernos.
Si eso está mal o está bien, es irrelevante. De cualquier forma, nuestros sistemas de justicia seguirán siendo un desastre mientras no se atiendan decididamente las causas de los problemas.
Prevención del delito, profesionalización de nuestros cuerpos de investigación y juzgamiento y dignificación de la función policial se antojan urgentes.
Por el momento le quitaremos el maquillaje de la autonomía a las fiscalías y empezaremos a hablarnos claro sobre quien manda y quien obedece.
Por lo menos, ya entrados en la euforia democratizadora, nos hubieran dado chance de elegir a nuestros fiscales por voto popular.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
