Este fin de semana estuve en Tuxtepec, sin duda alguna, la ciudad más importante de Oaxaca en términos de su contribución a la economía del país.
Por invitación de la Barra de Abogados de la Cuenca del Papaloapan y su presidenta, la licenciada Graciela Arellano Manzo, fui a platicar sobre la propuesta que hice pública para reformar la Constitución de Oaxaca en materia de Justicia Constitucional y Poder Judicial.
Fue solo la provocación para abrir la conversación en torno a varios temas que tienen que ver con la función social de los abogados, hoy en el olvido y en el abandono.
Comenzamos poniéndonos de acuerdo en que los abogados hemos abandonado nuestro compromiso con algo más que nuestros clientes y nuestros propios asuntos.
El abogado ha dejado de ser la conciencia y la voz de la sociedad y se ha entregado al egoísmo de lo inmediato.
Hemos reducido la abogacía a una forma (válida) de subsistencia, a un trabajo, a una micro o pequeña empresa que cobra por un servicio.
En el camino dejamos de ser lo que históricamente habíamos sido: la conciencia, la voz de nuestras sociedades.
Entre la charla calculamos el momento en que los abogados abandonaron la arena política y cedieron los puestos directivos o de influencia a otras profesiones.
Nunca como ahora, a tan pocos abogados les interesa la política, ni como disciplina de estudio ni como actividad humana que pugna por dar a cada quien lo suficiente para vivir con decoro (Bertrand Russell dixit).
Hace tiempo que algo tan importante como la democracia la dejamos en otras manos y por eso se pervirtió su sentido.
Hoy la única democracia es la electoral y por ello nuestra vida pública se reduce a las decisiones de la mayoría; por eso “el pueblo” manda y “el pueblo” obedece.
Olvidamos o disimulamos que la democracia es mucho más que elecciones y mayorías; y que la democracia completa tiene que ver también con minorías, respeto a los derechos humanos, ejercicio racional de la autoridad y equilibrio entre los poderes.
No hay nadie que diga que la democracia tiene, al menos, tres líneas de defensa: la política, la social y la jurídica.
De la primera línea se encargan los políticos, toda esa casta que tiene que ver con partidos y procesos electorales. Esa primera línea es la que, al defenderla, impone su visión parcial de la democracia como tiranía de las mayorías.
De la segunda línea se hacen cargo la sociedad civil y sus organizaciones, involucradas combativa y decididamente con la promoción y defensa de los derechos de las minorías.
Y de la tercera línea se deberían estar ocupando primordialmente las barras de abogados y los abogados independientes (principalmente los constitucionalistas).
Pero casi nadie se ocupa de ella.
Deberían ser los abogados comprometidos con sus sociedades los defensores de esa dimensión jurídica de la democracia que se llama justicia constitucional y que comprende todos los medios de control o de defensa para la defensa en tribunales de los derechos humanos, del equilibrio entre los poderes y del adecuando reparto y ejercicio de las competencias entre poderes y órdenes de gobierno:
Controversias Constitucionales federal y locales,
Acciones de Inconstitucionalidad federal y locales
Juicio de Amparo
Juicios para la Protección de los Derechos Humanos locales
Control Previo de Constitucionalidad
Duda sobre la Constitucionalidad de la ley
Omisión Legislativa y algunos otros instrumentos jurídico procesales.
El litigio constitucional existe para que los poderes no se extralimiten, ni entre ellos, ni con los ciudadanos; para que los órdenes estatal, federal y municipal de gobierno no desborden sus competencias; y para que los congresos aprueben leyes que no contravengan las constituciones.
En una palabra, para preservar algo que va perdiendo pocos a poco su valor y su sentido, y que se llama Orden Constitucional.
Porque la democracia antes que, en las mayorías, vive en las Constituciones, que son arreglos, pactos y márgenes fuera de los cuales nada está permitido.
Antes que sufragio, democracia es Constitución y justicia constitucional.
Pero eso en algún punto del camino lo olvidamos y es responsabilidad del foro jurídico volver a recordárnoslo.
Los abogados, independientemente a qué nos dediquemos, tenemos una deuda pendiente con nuestras sociedades que urgentemente tenemos que saldar.
Esa es la famosa “función social de la abogacía”.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
