En medio de acusaciones por posibles intentos de censura disfrazada de regulación, el Senado de la República pospuso el debate y votación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsadas por el actual gobierno federal. La iniciativa ha provocado alarma entre periodistas, especialistas y defensores de derechos digitales por el riesgo de que se consolide un control estatal sobre los contenidos en internet y medios de comunicación.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 109, que permitiría a la recién creada Agencia de Transformación Digital (ATD) bloquear temporalmente plataformas digitales si considera que incumplen disposiciones legales. Aunque el gobierno asegura que no se trata de censura, múltiples sectores han pedido que se precise su redacción y se limite su ambigüedad. Ya que, tal como está abre la puerta a la discrecionalidad.
UNA LEY QUE INQUIETA: ¿QUIÉN DECIDE QUÉ SE PUEDE DECIR?
Durante la sesión del 24 de abril en el Senado, legisladores de todas las bancadas expresaron preocupaciones sobre qué contenidos podrían ser censurados. Así como quién tendría la autoridad para decidirlo. El senador panista Ricardo Anaya alertó que esta reforma permitiría “bloquear no a la plataforma entera, pero sí contenido específico que incomode al poder”. Especialmente en contra de periodistas o críticos del gobierno.
“Esto tiene nombre: censura previa. Y es incompatible con cualquier sistema democrático”, sostuvo Anaya.
A ello se suma la falta de claridad sobre los mecanismos y lineamientos que la ATD utilizaría para aplicar los bloqueos. Según el dictamen, estos aún no están definidos y serían elaborados posteriormente. Dejando el proceso abierto a interpretaciones amplias o intereses políticos.
DEL DISCURSO AL CONTROL: UNA HISTORIA REPETIDA
El gobierno ha insistido en que la iniciativa busca limitar contenidos extranjeros que incurran en discriminación o ataques a la dignidad nacional. Como spots con mensajes xenófobos o racistas. También se argumenta que servirá para impedir el reclutamiento criminal en redes sociales. Aunque dicha labor ya es llevada a cabo por instancias de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina del 25 de abril:
“El gobierno de México no va a censurar a nadie, mucho menos lo que se publica en plataformas digitales. Esta ley no es para eso”.
No obstante, la inclusión tardía del polémico artículo 109 y la insistencia del Ejecutivo en mantener la “rectoría del Estado” sobre los medios y las redes, ha sembrado desconfianza.
Para algunos observadores, el hecho de que la ley se haya trabajado “desde hace meses” pero se haya modificado recientemente para incorporar medidas de control, es motivo suficiente para sospechar de sus verdaderas intenciones.
¿UNA NUEVA “LEY TELEVISA” PERO CON ROPAJE DIGITAL?
La senadora Guadalupe Chavira, de Morena, defendió la reforma argumentando que busca enmendar errores del pasado, particularmente los derivados de la llamada “Ley Televisa”, aprobada en 2006. Sin embargo, opositores han señalado que no se puede combatir un mal histórico instaurando otro, y que la reforma actual podría ser incluso más peligrosa. Ya que se aplicaría en un entorno digital global, instantáneo y de alta penetración.
“Esta vez no se trata de concesiones de televisión, sino del control del flujo de información en internet, lo que afecta directamente el derecho a la libertad de expresión”, señalaron organizaciones como Artículo 19 y R3D.
EL RIESGO DE UNA CENSURA LEGALIZADA
Más allá del debate legislativo, la principal preocupación recae en los efectos sociales y democráticos que esta reforma podría generar: limitar el discurso crítico, silenciar denuncias, restringir el acceso a la información o ejercer presión sobre medios independientes y comunicadores incómodos para el poder.
La falta de claridad en los términos como “contenido nocivo” o “uso indebido del lenguaje”, que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte en 2020, reavivan temores sobre una posible regresión autoritaria en materia de derechos digitales.
EL DEBATE SIGUE, PERO LA AMENAZA PERMANECE
Por ahora, el Senado no ha fijado una nueva fecha para discutir la iniciativa, y se ha anunciado la apertura de un debate público donde participarán expertos, representantes del sector y voces ciudadanas. No obstante, el precedente ya está sembrado: una reforma que se presenta como modernizadora podría abrir las puertas a mecanismos de vigilancia y control nunca antes vistos en la historia democrática del país.
¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de “regular”? ¿Y quién protege a los ciudadanos del poder cuando este decide quién puede hablar y quién no? El futuro de la libertad de expresión en México podría depender de cómo se respondan esas preguntas en los próximos meses.
