Las campañas electorales para colgarse la toga ya están en marcha. Durante los próximos dos meses, seremos bombardeados con discursos que oscilarán entre la sensatez y la locura -por decir lo menos-, en una carrera que nos mantendrá entretenidos o nos hartará. Pero, más allá del espectáculo, lo cierto es que, cuando estos juzgadores asuman sus cargos, enfrentarán una tarea titánica en la que no habrá margen para el error.
Hasta ahora, la narrativa ha sido clara: si un presunto delincuente obtiene su libertad tras haber estado en prisión preventiva, la culpa es de los “jueces corruptos que otorgaron ese amparo” y no de las fiscalías ni de las deficiencias en la procuración de justicia. Si una actriz o un empresario recuperan sus cuentas bancarias, la culpa es de los jueces que ordenaron el descongelamiento y no de la debilidad de la acción de la autoridad investigadora. Con la nueva integración, los jueces, magistrados y ministros, ya no podrán escudarse en la herencia de un poder judicial fallido, ni en la complejidad de la maquinaria judicial, porque su curva de aprendizaje deberá ser inmediata. Ahora, cada decisión será escrutada con lupa.
Para garantizar que esta reforma funcione y marque una diferencia entre el antiguo y el nuevo poder judicial, la Consejería Jurídica está preparando una serie de reformas a la Ley de Amparo y otras normas procesales. La razón no es otra, sino la misma que se expuso cuando se discutió sobre la reforma el año pasado. Eliminar la corrupción, el nepotismo, la lentitud de la justicia, su costo excesivo y su carácter clasista. En teoría, el resultado debe ser un Poder Judicial renovado, virtuoso, capaz, pero sobre todo, honesto, que imparta justicia de manera efectiva y que garantice el acceso a todos, especialmente a los más necesitados.
Sin embargo, esta promesa de refundación conlleva una responsabilidad compleja, si alguien se equivoca, ahí estará el Tribunal de Disciplina, vigilante y dispuesto a sancionar a quien, por error o dolo, incumpla su deber.
Precisamente, este Tribunal de nueva creación, nos lleva a una cuestión clave. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 184, establece que los juzgadores serán objeto de disciplina cuando “emitan en cualquier procedimiento de manera dolosa resolución que contenga inferencias probatorias claramente irracionales o en la que se aplique el estándar de prueba de manera claramente incorrecta”.
Esta disposición abre una puerta que, con toda la intención, estuvo todo este tiempo cerrada: la posibilidad de que en México el error judicial pueda ser imputable al Estado, lo que implicaría responsabilidad patrimonial y, por ende, una carga financiera para la Hacienda Pública, que dudo que quiera absorber, y menos por errores de alguien más.
Ante ese panorama, sería prudente que los ahora candidatos eviten prometer lo que no podrán cumplir o que, en su intento por hacerlo comprometan no solo su propio futuro profesional, sino el discurso mismo de la reforma judicial. En campaña la euforia electoral puede hacer que se venda el alma al diablo con tal de ganar votos, y la experiencia nos ha demostrado que ese tipo de pactos nunca acaba bien.
La intención de la reforma fue clara: limpiar al poder judicial de vicios históricos y construir una justicia accesible y eficiente. Una tarea necesaria, pero con un experimento arriesgado. Lo que está en juego no es solo la independencia judicial, sino también la confianza pública en un sistema que debe impartir justicia sin presiones políticas.
