Una reja ubicada en el callejón y privada de Quetzalcóatl se convirtió en el centro de un conflicto entre derechos humanos, seguridad vecinal y el derecho al libre tránsito.
La historia comenzó cuando Sylvia E. T. C., originaria de Oaxaca y residente en el extranjero, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Su reclamo es que los vecinos, con el consentimiento del municipio, instalaron una reja que impide el libre tránsito.
La mujer, quien alquila su propiedad, argumenta que el acceso a la calle debe ser libre para todas las personas, sin obstáculos, y que la reja lo limita. Sin embargo, la respuesta de los vecinos que colocaron la reja, es que no la quiten.
Aseguran que la situación de inseguridad en la zona es cada vez más grave y que, a pesar de que la reja sólo está cerrada en la noche, pues la mantienen abierta durante el día, no se han evitado robos y otros delitos.
Los vecinos se defienden diciendo que la reja se cierra únicamente por cuestiones de seguridad por las noches sin candado, lo que permitía a cualquier persona abrirla.
Además, explican que la chapa que fue colocada en la puerta de la reja para reforzar la seguridad, fue robada al día siguiente. La razón detrás de esta medida, según relatan, es la constante actividad delictiva que enfrentan a diario: consumo de drogas, alcohol, robos, e incluso una persona comenzó a besar un árbol y, posteriormente, se masturbo y hasta un intento de violación.
“La reja nos da algo de tranquilidad, es una medida ante los robos que hemos sufrido”, mencionan los vecinos, quienes han sido víctimas de varios hurtos y ven la instalación de la reja como una pequeña barrera de seguridad. Incluso, aseguran que se hace limpieza diaria del callejón, pues los residuos de consumo, como botellas rotas y restos de sustancias son comunes, además de las necesidades fisiológicas que dejan algunos individuos.
En medio de este escenario, la DDHPO intervino y pidió al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez retirar la reja en un lapso de 10 días para garantizar el libre tránsito, a petición de la señora Silvia.
En respuesta, los vecinos piden que se respete su derecho a la seguridad y acusan a la DDHPO de no considerar los graves problemas de inseguridad que enfrentan.
