Proponer la reforma integral de la Constitución desde el Poder suena contradictorio desde el punto de vista democrático.
Pero deja de parecerlo si la propuesta de reforma contribuye a ensanchar lo caminos de la democracia, la participación ciudadana y la garantía de los derechos humanos.
El escenario de supermayoría que estamos viviendo en Oaxaca puede ser terreno fértil para dar ese gran salto que ningún otro gobierno se ha atrevido a dar en contextos político partidistas más competitivos, contestatario y plurales.
Hoy en Oaxaca no pasa nada relevante porque la oposición política no existe.
La presencia de partidos distintos al del gobernador en la legislatura es testimonial.
Y por esta misma circunstancia, cualquier reforma que se proponga desde el poder a la Constitución, no pondrá en peligro los controles políticos que ejerce el ejecutivo.
Considero que sería una buena oportunidad para ensayar reformas constitucionales de verdadero calado democrático.
¿Qué tendría que incluirse en la Constitución para que fuera de gran calado?
Solo la autonomía y certidumbre presupuestaria del Poder Judicial podrían dar garantía de su independencia.
Propongo que se incorpore a la Constitución la obligación de asignarle, con cada ejercicio, el 3% del presupuesto del estado.
Considero que no es una buena idea la creación de 7 salas regionales mixtas en el Tribunal Superior de Justicia, pues implicaría que la totalidad de los magistrados conocieran de todas las materias.
Todos los magistrados tendrían que ser expertos en penal, civil, familiar, mercantil, justicia para adolescentes, constitucional y justicia indígena.
La sola idea del Magistrado todólogo debería causar escalofrío a todo litigante y justiciable que debería saber que su asunto será resuelto en segunda instancia por magistrados que abarcan mucho y aprietan poco.
El Tribunal debe mantener la autonomía para decidir el número de y magistrados que sean necesarios.
La Justicia Constitucional también necesita robustecerse, para garantizar que otros poderes y los órdenes de gobierno no invadan sus funciones.
Siendo que la lógica de la Justicia Constitucional es el litigio contra el poder, nada legitimaría más una reforma Constitucional desde el poder que el ensanchamiento de las vías procedimentales para que los ciudadanos accedan a la tutela de sus derechos.
Por eso propongo que:
1) Se reconozca constitucionalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia como la garante de la supremacía y el control de la Constitución.
2) Que el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos proceda por cualquier violación a los derechos humanos reclamada por los ciudadanos y no sólo por el incumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos.
3) Que los ciudadanos tengan constitucionalmente reconocida la calidad de sujetos legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad.
4) Que se adicione como supuesto de procedencia del Juicio Para la Protección de los Derechos Humanos, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Defensoría de los Derechos Humanos.
5) Que las reformas Constitucionales sean sujetas a referéndum, o que sea requisito, además del voto de las tres cuartas partes de los diputados locales, el voto de la mitad más uno de los ayuntamientos del estado.
6) Que se consulte el pueblo con cada generación (cada 10, 15 o 20 años) si es su deseo actualizar su constitución o modificarla sustancialmente de acuerdo a los cambios sociales.
El cambio Constitucional debe ser asunto del pueblo, la Constitución es un catálogo de restricciones y garantías contra el gobierno, es su control, es su límite pactado.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
