• Zafarrancho
• IMSS-Bienestar
En la efervescencia que ha provocado la renovación de la dirigencia del sindicato de burócratas, un tema que crece como “bola de nieve” es la venta de plazas que durante muchos años se convirtió en una práctica cotidiana, donde las propias autoridades lo permitieron y lo toleraron. En aras de terminar con este pingüe negocio se han anunciado procesos jurídicos para la revocación de todas aquellas que se encuentran en esta situación.
Se trata de al menos mil 200 plazas que se otorgaron de manera irregular durante la administración de Alejandro Murat, donde la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, pregona que las plazas fueron vendidas a través de una financiera que simuló otorgar préstamos a los nuevos burócratas. Cada quincena se les descuenta como parte de su pago por haber obtenido este espacio en alguna de las dependencias del gobierno estatal.
La venta de plazas dentro del sector público ha sido un problema recurrente que refleja la corrupción estructural en el sistema burocrático, que se lleva a cabo de manera clandestina pero ampliamente conocida.
Los costos pueden variar dependiendo del nivel del puesto, el tipo de dependencia o la ubicación geográfica, lo que convierte al proceso en una subasta donde la capacidad económica prevalece sobre el mérito profesional. Y exhibe la falta de controles efectivos en el sistema de contratación de personal, la opacidad en los procesos de selección y la influencia de grupos sindicales con amplios poderes son factores determinantes.
En muchos casos, los sindicatos ven la venta de plazas como una forma de obtener ingresos adicionales o de premiar a sus afiliados, perpetuando un sistema que prioriza intereses particulares sobre el bien común.
… A VUELO DE PÁJARO
Tras el zafarrancho entre burócratas, seguidores de los candidatos Rodolfo Cabrera Zárate de la planilla rosa y Eduardo Escobar Marín de la blanca quienes se autoproclamaron ganadores, la Comisión Electoral del sindicato, denunció que dos casillas fueron incendiadas en la sede del DIF Oaxaca, sin embargo, lograron rescatar tres de las cinco casillas afectadas, las cuales permanecen fuera de la sede sindical, ya que la presidenta del Comité Electoral, Mary Carmen Ortega, bloqueó el reingreso al área donde se realizaba la certificación de la votación la noche del pasado martes.
Presupuesto
El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2025, está alineado con un plan de austeridad y prioriza los programas sociales, estableció el gobernador Salomón Jara Cruz. El compromiso es destinar de manera eficiente y equitativa los recursos para atender las necesidades en el estado a través de una inversión histórica en programas sociales con 4 mil 491 millones de pesos. Para el campo oaxaqueño y la recuperación de áreas forestales se contemplan 955 millones de pesos; en atención médica se destinarán 74 millones de pesos a través de las Farmacias Bienestar, y en seguridad pública y procuración de justicia se aplicarán 4 mil 224 millones de pesos.
Paro
Ante la falta de respuesta a sus demandas laborales por parte de las autoridades del IMSS Bienestar, las secciones 35, 73 y 94 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se declararon en paro de labores indefinido. Acusan negligencia para atender sus demandas, incumplimiento en el pago de prestaciones y lamentan que la coordinadora estatal del IMSS Bienestar, Soledad Zárate, no cumpla con los compromisos pactados con los trabajadores, pese a sus derechos laborales y condiciones generales de trabajo. El paro de labores es en todas las subsecciones y delegaciones en el estado desde cada uno de los centros de trabajo.
Seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum emplazó a todos los gobernadores en el país tomar responsabilidad en el combate a la inseguridad. Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no solo se expusieron los resultados que se han dado en la materia debido a la estrategia dirigida por Omar García Harfuch, también aprovechó para pedir a los mandatarios estatales compromiso con las acciones del gobierno federal y responsabilidad personal con sus respectivos gabinetes de seguridad.
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